La mayoría de las casi 200 causas en trámite están casi paralizadas por recursos judiciales y demoras en procesar casos del código viejo, afirma fiscal Perciballe

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad considera que la aparición de restos en el Batallón 13 da más impulso a quienes trabajan en la búsqueda de desaparecidos.

A un año y medio de su creación, la Fiscalía tiene 15 causas del código nuevo y 190 del viejo, que registran pocos avances.

“Lo que pasa es que las investigaciones por código viejo dependen del Poder Judicial, que se toma tiempos distintos porque no tiene juzgado especializado, y esto complejiza mucho. Esa es la gran diferencia”, contó Ricardo Perciballe.

Algunas de las causas están paralizadas por recursos judiciales.

“Se han interpuesto conjunto de excepciones dilatorias que trancan la actuación de la Justicia, en especial la última de inconstitucionalidad sobre la Ley de Creación de la Fiscalía. Hoy tiene paralizada a toda la Justicia en estos temas”, explicó el fiscal.

Perciballe dice que la aparición de restos es un apoyo a las víctimas y un respaldo al trabajo de los investigadores.

“Es una respuesta del Estado hacia las víctimas, una mínima respuesta. Es un impulso a quienes buscamos cuerpos”, consideró.

Para la Fiscalía la búsqueda de los desaparecidos es prioridad:

“La Fiscalía siempre ha tenido prioritario la búsqueda de restos. Ahí donde se busca es restos, no responsabilidades de nadie. Lo importante es que aparezcan los cuerpos”.

Los militares procesados por violaciones a los DD.HH. mantienen intactas sus jubilaciones

El exdictador Gregorio Álvarez cobraría unos $150.000 líquidos.

En un pedido de acceso a la información pública el semanario Búsqueda le preguntó al Ministerio de Defensa sobre las pasividades de los militares presos. El Ministerio respondió que cobran retribuciones que no fueron recortadas ni suprimidas, pero se negó a informar sobre los montos.

En base a fuentes del servicio de pensiones de las fuerzas armadas el semanario afirma que salvo Ernesto Soca, que es soldado, ninguno cobra menos de 60 mil pesos.

Los coroneles retirados Juan Carlos Gómez, Nelson Chialanza, Carlos Calcagno y Jorge Silveira estarían percibiendo entre 75.000 pesos y algo más de 80.000.

El exdictador Gregorio Álvarez tendría una jubilación líquida de 150.000 pesos. Eso por haberse retirado con la máxima jerarquía: teniente general.

Búsqueda recuerda además que como expresidente álvarez cobró una jubilación que superaba los 100.000 pesos hasta que el BPS se la quitó, en el 2008 en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando fue procesado por 37 homicidios.

El semanario agrega que si el Ministerio de Defensa convocara a un tribunal de honor se podría recortar hasta en dos tercios las jubilaciones de los procesados por violaciones a los Derechos Humanos.

En ese caso el militar pasa a situación de reforma, no puede usar el título ni el uniforme del grado que tenía. Pero aún en ese caso los dos tercios que deja de cobrar serían percibidos por su núcleo familiar.

Manuel Cordero fue condenado a 25 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Buenos aires dio a conocer este viernes la sentencia en el primer juicio oral por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”.

Se conoció el texto de la condena del tribunal argentino que condenó a 15 militares por su actuación en el Plan Cóndor. Manuel Cordero fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, con abuso de sus funciones reiterado en 11 oportunidades en perjuicio de:

Washington   Cram González;   Alberto   Cecilio   Mechoso   Méndez;   León Gualberto   Duarte   Luján;   Rubén   Prieto   González;   Ary Cabrera   Prates;   Adalberto   Soba   Fernández;   José   Hugo Méndez Donadío; Francisco Edgardo Candia Correa; María Emilia   Islas   Gatti   de   Zaffaroni;   Jorge   Roberto Zaffaroni   Castilla y María   Claudia   García Iruretagoyena de Gelman.

Dos de los militares retirados presos en Domingo Arena fueron conducidos ante la Justicia

Se trata de Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, ambos se negaron a hacer declaraciones.

Durante una hora declararon ante el juez Pedro Salazar Jorge Silveira y Gilberto Vázquez. Fue a raíz de un expediente por denuncias de tortura en el 300 Carlos.

El abogado de las víctimas, Pablo Chargonia, dijo a la salida del juzgado:

Lo que ellos hicieron fue negarse a declarar argumentando que ha transcurrido el tiempo . Presentan solicitudes de clausura alegando la prescripción de la acción legal. No tiene efecto de detener el proceso.

Nosotros reclamamos que haya una solicitud fiscal de procesmaiento de estas personas que son 20 individuos torturadores identificados por sobrevivientes de la tortura.