Este 30 de agosto se conmemora un nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido

En este marco, la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocó a todas las personas a sumarse a la reflexión en esta jornada y realizará una actividad en la Sala Zitarrosa que será transmitida por las redes sociales. Contactamos con Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu.

Ministro Heber planteó tener el registro general del ADN de la población

Actualmente la Policía Científica cuenta con ADN de personas que cometieron delitos. Contactamos con el psicólogo forense Gustavo Álvarez y a Daoiz Uriarte, especialista en derechos humanos.

Sigue la polémica por las actas de Gilberto Vázquez

Ex funcionaria señaló que ministro del Frente Amplio mandó a destruir documentos para "generar espacio".

Hubo "graves violaciones" de derechos humanos durante las protestas en Chile, según informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos

El presidente Piñera promulgó una ley para decidir si se modifica la Constitución.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, constató que un total de 3.442 personas resultaron heridas en las protestas entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, principalmente por agentes de la Policía, contra los que se presentaron 588 querellas, 476 de ellas por tortura o trato cruel. Además, se registraron 12 acciones por homicidio frustrado con 20 víctimas, así como acusaciones de 135 personas por tortura y vejaciones de connotación sexual.

El director del Instituto Sergio Micco, afirmó que tras el estallido social "se han registrado múltiples y las más graves violaciones a los Derechos Humanos desde la vuelta a la democracia en Chile". Micco recordó que un gran número de personas ha sufrido daños oculares por el uso de escopetas antidisturbios de carabineros, además de subrayar las querellas por violencia sexual. También precisó que se han realizado múltiples ataques a la propiedad pública y privada y sostuvo que el Estado ha faltado en de su deber de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana.

Este mismo lunes, el presidente Sebastián Piñera, promulgó una ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia el texto.

“Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo Constitucional”, dijo el presidente de Chile.

La ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso y es una de las principales demandas de las manifestaciones que estallaron hace dos meses. El 26 de abril los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano deberá redactarla.

Si los chilenos aprueban una nueva constitución la elección de los miembros que la redactarán se realizará en octubre de 2020 bajo sufragio universal y voluntario. La redacción de la eventual Constitución deberá realizarse en nueve meses, periodo que podría prorrogarse tres meses más.

AFP

Michelle Bachelet pidió al gobierno y la oposición de Venezuela que reanuden las negociaciones para encontrar una solución a la crisis

En una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, el informe de Naciones Unidas advierte que se siguen documentando restricciones a las libertades y altos niveles de violencia.

La chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó este miércoles al gobierno venezolano y la oposición a que vuelvan al diálogo. En su nuevo informe, Bachelet mostró una preocupante fotografía de la realidad venezolana.

"Mi oficina ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático. Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento amenazas y detención por parte de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad", dijo Bachelet.

De cara a las elecciones legislativas previstos para 2020,    Bachelet sostuvo que es crucial "crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas".

"Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también han afectado a líderes políticos locales", agregó la alta comisionada.

Según Bachelet, la crisis llevó a salir del país a más de 4,5 millones de personas y se proyecta que las cifras del éxodo lleguen a 6,5 millones a fines de 2020.

AFP

Presentaron una denuncia colectiva a la Institución Nacional de Derechos Humanos por mujeres desaparecidas en los últimos años

Los colectivos que respaldan la denuncia presumen que esas mujeres son víctimas de trata de personas.

El pedido es que se investigue, que la fiscalía se involucre más y que la policía acompañe a las familias que buscan a mujeres desparecidas en distintas circunstancias.

Familiares de algunas de las mujeres desaparecidas acompañaron la presentación ante la Institución de Derechos Humanos.

 

ONU crea una misión internacional que investigará violaciones de derechos humanos en Venezuela

La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea "enviada urgentemente" a Venezuela.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió el viernes crear "una misión internacional independiente" encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, decisión que fue rechazada por responsables del país sudamericano, que la consideraron "destinada al fracaso".

Una resolución, propuesta fundamentalmente por miembros del Grupo de Lima (compuesto por una docena de países latinoamericanos y Canadá) y apoyada por la Unión Europea, fue adoptada por el Consejo en Ginebra por 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.

Entre los votos en contra están los de Cuba, mientras que Uruguay y México se abstuvieron.

La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea "enviada urgentemente" a Venezuela.

Su misión será investigar "casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (...) y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas", reza el texto aprobado.

Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.

"La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país", dijo.

Esta decisión se produce un día después de que Venezuela lograra la adopción de otra resolución en el Consejo sobre "el fortalecimiento de la cooperación" en el ámbito de los derechos humanos con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El martes, Bachelet anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, y que tenía entre sus objetivos, abrir una oficina permanente en ese país. A la espera de que esto ocurra, Venezuela aceptó "la presencia continua" de dos responsables del Alto Comisionado en Caracas.

En un severo informe presentado el 9 de septiembre en Ginebra, Bachelet denunció torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, pero hasta ahora no había pedido una investigación, al contrario que su predecesor, Zeid Ra'ad al Hussein.

- Venezuela dice no -

La resolución "insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión" y le "brinden acceso inmediato y sin trabas".

Si Venezuela no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania. En ese caso, los investigadores se basan sobre todo en testimonios de refugiados.

"Sin duda alguna (la resolución) busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del Alto Comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso", agregó Valero.

La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45ª sesión del Consejo, en septiembre de 2020.

"Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país", aseveró Valero, al referirse a conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del gobierno.

El embajador británico ante el Consejo, Julian Braithwaite, consideró que la resolución era "proporcionada y necesaria".

En nombre de la UE, el representante danés, Morten Jespersen, declaró que "la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas tienen que ser tratados de forma urgente".

"La única solución duradera es una solución pacífica y democrática, que conduzca a elecciones presidenciales", agregó.

Venezuela, que enfrenta la peor crisis económica y política de su historia reciente, está enfrascada en un conflicto que se avivó en enero cuando Guaidó se autoproclamó presidente interino y fue reconocido por más de 50 países.

Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones consideradas ilegítimas por la oposición y parte de la comunidad internacional. Pese a tener las mayores reservas petroleras del mundo, en Venezuela faltan alimentos, medicinas y servicios básicos.

La situación, agravada por la hiperinflación, ha llevado a 3,6 millones de personas a abandonar su país desde 2016, según datos de la ONU.

Daniel Martínez presentó a su equipo asesor en derechos humanos

La búsqueda de desaparecidos, la emergencia por femicidios y defender la agenda de derechos del Frente Amplio serán las prioridades de la comisión.

Martínez les pidió a los integrantes de la comisión que transmitan las ideas que tiene el Frente Amplio para un próximo gobierno. "Vamos a seguir removiendo los obstáculos que hay y removiendo la cultura de la impunidad. Es ignominioso que en nuestro país haya sectores que todavía callan, y sigue siendo ignominioso que haya cuarteles de la patria que sean enterraderos clandestinos", dijo Milton Romani, vocero de la reunión.

El grupo definió además los temas prioritarios en los que todavía falta acción gubernamental.

"En situación de pobreza tenemos entre un 15 y un 17 % de niños que nos interpela. Los derechos de las mujeres están en nuestro texto, hay una emergencia. Tenemos una fractura social", expresó el vocero del grupo.

Romani agregó los derechos de los reclusos y de las víctimas de la delincuencia y los derechos a la vivienda, medio ambiente y de las personas mayores.

El grupo está integrado por políticos, expertos y activistas en movimientos sociales.

Las condiciones en la mayoría de los centros del Inisa propician posibles situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes

Así lo establece el informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Señala que hay situaciones dispares en los centros y hace recomendaciones a las autoridades y al sistema político.

El informe fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En el punto sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, el informe anual cuestiona leyes recientes que “endurecieron la respuesta punitiva y redujeron garantías” para los adolescentes infractores.

Señala que en cinco años, se redujo en casi un 43% la cantidad de menores privados de libertad: eran 1007 en el año 2014, y pasaron a 581 el año pasado.

El 94,7% de los adolescentes que atiende el INISA son varones.

En el 2018 el Mecanismo de Prevención de Tortura hizo 35 visitas, con lo que alcanzó a cubrir todos los centros. En los de mayor seguridad estuvo dos o más veces.

La conclusión es hay disparidad de propuestas. Reconoce que en algunos como Nuevo Rumbo (Minas), Granja, Desafío y el CIAF se priorizan aspectos socioeducativos. La mayoría de los internos cursan Secundaria pero además tienen talleres de teatro, robótica, cocina, yoga y otras actividades no formales.

Sin embargo de la mayoría de los centros, principalmente en los de mayor seguridad, persisten condiciones que “propician la emergencia de posibles situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes” dice el informe.

Alude a “la fuerte presencia de rejas, una estructura edilicia que comprime, (…) el encierro compulsivo y el traslado de internos con esposas”.

Un ejemplo de ellos parece ser el CIEDD (Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación), ubicado en Bulevar Artigas y Gral. Flores. Allí se produjeron 48 de los 70 intentos de suicidio de adolescentes internados en hogares del INISA, en los primeros siete meses del año pasado.

Otro punto que señala el informe es la utilización de medicamentos como estrategia de contención. Si bien reconoce que se hace con control médico, advierte que en su visita al centro femenino todas las adolescentes tomaban psicofármacos y ninguna conocía el nombre del medicamento que tomaba.

También se constataron deficiencias edilicias en varios centros, pocas actividades de relación de los adolescentes con el exterior y propuestas educativas y de egreso frágiles y fragmentadas.

Por todo eso recomienda cambios en las prácticas de encierro, y modificar la normativa penal juvenil que define como “regresiva y contraria a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales”.

Seguidores de Maduro se movilizaron en rechazo al "sesgado" informe de Michele Bachelet sobre la situación en Venezuela

Con mensajes como "Bachelet arrastrada" escritos en pancartas, miles de chavistas marcharon unos dos kilómetros por el centro de Caracas.

Seguidores del presidente Nicolás Maduro se movilizaron este sábado en rechazo a un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que dio cuenta de ejecuciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Con mensajes como "Bachelet arrastrada" escritos en pancartas, miles de chavistas marcharon unos dos kilómetros por el centro de Caracas.

"El pueblo venezolano se moviliza para manifestar su contundente rechazo a las mentiras y a la manipulación", escribió en Twitter Maduro, quien no participó en la manifestación.

Funcionarios públicos, militantes y milicianos -civiles con adiestramiento militar- caminaron bajo una lluvia intermitente con prendas de color rojo, símbolo del oficialismo, y banderas partidistas.

Durante la protesta, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que la expresidenta chilena emitió un informe "absolutamente sesgado", producto de una actitud "hipócrita, sumisa, cómplice" con Estados Unidos, que lidera la presión internacional para forzar a Maduro a dejar el poder.

"El informe de Bachelet es una traición" a los venezolanos, dijo a la AFP Rosa Urbina, de 71 años.

Para esta educadora retirada, la diplomática actuó con "maldad" al presentar un reporte que, considera, está injustificado frente a "todas las cosas buenas" que tiene el gobierno de Maduro.

En su informe, Bachelet, quien visitó Venezuela en junio, denuncia la "erosión" del Estado de derecho en el país petrolero, con ejecuciones, arrestos arbitrarios y torturas por parte de organismos de seguridad.

En una carta a la Alta Comisionada fechada el 11 de julio, Maduro le exigió una "inmediata rectificación y corrección de los graves errores, falsas acusaciones y omisiones" que contiene su reporte, publicado días antes.

Para el mandatario, durante cuyo gobierno el país cayó en una profunda crisis económica, ese documento abre la puerta a una intervención militar de Estados Unidos, que según dice, le "dictó" a Bachelet el contenido.

"La historia te lo va a cobrar, Bachelet, porque has pisoteado (...) al pueblo venezolano", exclamó Marisela Castillo, de 61 años, quien considera que Venezuela está "colmada de derechos humanos".

Según la ONG Foro Penal, hay en el país 614 "presos políticos", de los cuales 107 son militares, aunque el gobierno rechaza considerarlos de ese modo.

La protesta se desarrolló luego de que esta semana delegados del gobierno y del líder opositor Juan Guaidó -reconocido como mandatario interino por medio centenar de países- acordaran en Barbados el establecimiento de una mesa de trabajo para buscar un solución a la crisis, con la mediación de Noruega.

(AFP)

El gobierno venezolano reaccionó al informe de la ONU: liberaron a 22 presos políticos

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la erosión del estado de derecho en Venezuela.

Un día después de la publicación del durísimo informe de la ONU que recoge las denuncias de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la justicia venezolana liberó a 22 presos políticos entre los que se encuentran la juez María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar. Tras la difusión del informe, Bachelet denunció este viernes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una "erosión del estado de derecho" en Venezuela.

"Las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela han sido erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, de expresión y asociación, y el derecho a participar en la vida pública, conllevan un riesgo de represalias y represión", sostuvo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El informe divulgado por la ONU, indica que desde 2018 cerca de 7.000 personas fueron asesinadas durante operaciones de seguridad, según el gobierno por "resistencia a la autoridad". Y al 31 de mayo de este año, cerca de 800 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad.

"Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación hasta detención arbitraria, tortura y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas", detalló Bachelet.

Ante el Consejo de la ONU, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las "debilidades" del sistema judicial de su país y "desviaciones puntuales" de parte de las instituciones policiales, pero rechazó categóricamente la acusación contra los cuerpos de seguridad.

En el día de la independencia celebrado este viernes, los venezolanos se mostraron una vez más divididos en dos marchas. Los chavistas se concentraron en el paseo de Los Próceres, para observar el desfile "cívico-militar" encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

Por el lado de la oposición, el dirigente Juan Guaidó encabezó un acto solemne en la Asamblea Nacional, y junto a los diputados se sumó a la protesta contra la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde habría sido detenido y torturado hasta la muerte el capitán Acosta Arévalo.

Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció que fuerzas de seguridad venezolanas hicieron gran cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales

La expresidenta chilena Michelle Bachelet observó lo ocurrido en Venezuela e instó a "adoptar de inmediato medidas específicas".

Tras visitar Venezuela entre el 19 y 21 de junio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Michelle Bachelet, dio a conocer este jueves un informe en el que denuncia graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, violencia y abusos policiales. El informe insta al gobierno de Nicolás Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones" que asfixian a millones de personas.

De lo contrario, advierte, "continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él". Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo "ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo".

A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que que atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a "las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década", que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.

Michelle Bachelet pide la disolución de las llamadas Fuerzas Especiales a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales durante operativos policiales en 2018. La alta responsable de la ONU recomendó también la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones y pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, acceso al agua y alimentos. El Gobierno venezolano rechazó el informe y presentó 70 alegaciones.

Según la Cancillería, la ONU ofrece "una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en el país y niega también que existan "personas detenidas" por motivos políticos. Por su parte, el Grupo de Lima invitó a un centenar de países a una conferencia por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú.

"Estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay, Bolivia. Es una convocatoria amplia para que discutamos cuál es la mejor manera de recuperar la democracia en Venezuela", señaló el canciller de Perú, Néstor Popolizio.

AFP