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La Intendencia de Montevideo desalojó a un grupo de 20 familias que habían ocupado un terreno municipal

Deberán declarar ante Fiscalía y mientras tanto piden un techo para sus hijos.

El terreno está desocupado desde hace más de 20 años, según afirman los vecinos de la zona. Está ubicado en la calle Rodolfo Sayagués y Miguel Lapeire, en Malvín Norte.

Hace un mes primero ocho familias, que luego llegaron a ser un total de 22, ocuparon el terreno. Improvisaron unas casillas de madera y chapa con el fin de establecerse en el lugar para luego construir casas con material y bloque.

Sin embargo, esta semana llegó la intimación de desalojo del lugar.

La Policía fue hasta el lugar para allanar las viviendas, desalojar a los vecinos y llevarlos detenidos, en caso de haber desacato.

Tras varias idas y vueltas las familias fueron llevadas a declarar ante Fiscalía para resolver la situación.

Además, la abogada defensora de los ocupantes señaló que habrá una mediación con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo para poder realojar a las familias.

Desalojos en Neptunia: acusan a los denunciantes de ser especuladores inmobiliarios fraudulentos

La familia, que ocupa un terreno en Neptunia norte, fue desalojada. Piden una reunión urgente con la Intendencia de Canelones para resolver su situación.

Vecinos de la zona de Neptunia se concentraron en el barrio Las Cumbres en contra del desalojo de una familia.

Heber, Camila y sus dos hijos Cristopher y Anthony, ocuparon la vivienda en el 2012 pero ahora fueron desalojados.

"En diciembre del 2019 nos hicieron una instancia de desalojo en el cual se da favorable a esa parte, alegando que en el año 2015 ellos con nosotros adentro hicieron una platea en nuestro terreno, alegando que nosotros ingramos de forma violenta con perros, pero nosotros ya vivíamos ahí, habíamos ingresado dos años antes", relató Heber a Telemundo.

La familia aduce que ocuparon un terreno que estaba abandonado y hasta pusieron una empresa dedicada al reciclaje para poder vivir.

Los vecinos de Neptunia afirman que aparecieron especuladores inmobiliarios fraudulentos que pagaron los tributos municipales de terrenos ya habitados y presentaron testigos falsos.

"La Intendencia está manejando que es privado, pero esta gente regularizó con nosotros adentro.

Piden una reunión con la Intendencia de Canelones para denunciar la situación que están viviendo y aseguran que esta semana presentarán una denuncia formal en la Suprema Corte de Justicia.

 

Una inmigrante cubana, embarazada y con un hijo de tres años, fue desalojada de un apartamento en Cordón

El desalojo se había suspendido por un recurso que finalmente fue rechazado.

La mujer tiene un hijo de tres años y está embarazada.

En un edificio ocupaba un apartamento que, según el propietario, había sido entregado en comodato a un venezolano.

El dueño dice que no sabe cómo terminó la cubana viviendo ahí, en el edificio que está en Hermano Damasceno y Paysandú.

Había pedido el desalojo pero se presentó un recurso que terminó siendo denegado.

Este martes fue desalojada.

Cerca de 30 inmigrantes serán desalojados este viernes de un precario edificio en Ciudad Vieja

Aseguran que fueron estafados por una mujer que usurpó el inmueble y les cobraba por el alojamiento.

Más de 30 inmigrantes de origen dominicano serán desalojados este viernes del edificio ubicado en 25 de Mayo 535. En el lugar viven varios niños y una mujer con un embarazo a término.

La mayoría de los dominicanos llegaron a Uruguay y al no tener un lugar en dónde dormir se les dijo que tenían la posibilidad de alquilar una pieza en ese edificio.

Llegaron a un acuerdo con la responsable del lugar, iban a pagar entre $10.000 y $16.000 por mes.

Los problemas comenzaron hace pocos días cuando la mujer que administraba la pensión fue hasta el lugar y comunicó que había algunos problemas y que tenían que abandonar el inmueble.

Ahora los ocupantes presentarán una denuncia por estafa ya que entienden que fueron engañados.

Tienen como prueba varios audios de WhatsApp de charlas que mantenían con quienes decían administrar el lugar, que probarían que no ocuparon de forma arbitraria el edificio.

 

Valeria Ripoll: "Quieren llevar la campaña electoral con tranquilidad y les está saliendo a la inversa"

Los dirigentes de Adeom fueron desalojados de la Intendencia de Montevideo luego de ocupar las instalaciones como protesta por el conflicto que mantienen con la administración.

El sindicato no quiere negociación tripartita ni mediación del Ministerio; aseguran que de todos modos la Administración no cumplirá lo acordado.

Ocuparon pretendiendo reunirse con los jerarcas pero no los recibieron y la amenaza de medidas se mantiene.

El conflicto se arrastra desde hace tiempo y tiene que ver con la gestión del área Desarrollo Ambiental, donde recientemente sustituyeron a Fernando Puntigliano y se inició una intervención.

Adeom Montevideo pone en duda que la licitación a privados haya sido postergada e insiste con que se pretende contratar “rompe-huelgas”.

También acusan a las autoridades de sucesivos acomodos de personal que provocan una mala gestión y derivan en conflictos con el sindicato:

"Quiere llevar la campaña electoral con tranquilidad, sin conflictos de Adeom. Les está saliendo a la inversa porque lo que están generando sin dar respuestas es tener un conflicto mucho más fuertes y además con medidas que están dirigidas a la Intendencia. No paralizamos servicios, no cortamos la atención al público en ningún sector, son medidas que interfieren con el funcionamiento de la administración municipal", dijo Valeria Ripoll.

"Vamos a seguir tomando medidas hasta que la administración se decida a darnos respuesta a los temas. Si no quieren juntarse con nosotros y mandar una nota, bienvenida. Nosotros nos juntamos la semana pasada, les dimos casi diez días para que escriban una nota. En algunos puntos estamos de acuerdo, pero después se entienden otras cosas. Por eso queríamos que estuviera escrito y firmado, pero no nos han entregado nada. Vamos a seguir tomando medidas", dijo el dirigente sindical.

La directiva de Adeom ocupó este jueves un sector del segundo piso de la Intendencia de Montevideo

El grupo de personas desalojadas de la pensión de Pocitos está transitoriamente en un centro cultural en La Teja

La Intendencia de Montevideo y el Mides analizan ahora posibles soluciones habitacionales.

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche y Federico Graña del Mides se reunieron en el Centro Cultural con el grupo de desalojados para buscar alternativas.

Goyeneche lamentó que la comuna no haya sido alertada de la situación y que la respuesta sea desde la urgencia.

"El proceso de desalojo data desde hace casi dos años y nos enteramos recién ahora cuando la situación explotó. Por eso la respuesta es tan de emergencia y tan apresurada porque en realidad hay alternativas, hay políticas de subsidio de alquiler del Ministerio de Vivienda, hay maneras de encontrar soluciones. Sobre todo porque hay personas con ingresos y trabajos formales. Hay caminos para atender la situación", dijo Goyeneche.

"Se presentan diferentes situaciones. Hay ciudadanos uruguayos, hay personas migrantes. La gran mayoría tienen ingresos y trabajos. Ahora el proceso es contener la situación en la que vivieron, porque fueron estafados por la persona que era intermediaria y eso les generó muchísima desconfianza", agregó Graña.

Fueron desalojados los inmigrantes que vivían en una casona en Pocitos

Se trata de 30 adultos y cuatro menores, entre ellos un bebé recién nacido.

Treinta adultos y cuatro niños vivían en la pensión en la calle Gestido 2475.

En la mañana de este viernes comenzaron a retirar todas sus pertenencias mientras esperaban que la Intendencia de Montevideo les confirmara en qué lugar podrían alojarse por los próximos días.

La mujer a la que le pagaban por vivir allí quedó debiendo alquiler, luz y agua, y llegó el momento del desalojo…

"Todo ha sucedido en condiciones normales y pacíficas, como ellos lo han llevado hasta ahora", dijo la Dra. Fabian Porto, de la Udelar.

La solución que encontró la Intendencia para que estas personas no queden en la calle es por unos días, mientras el Ministerio de Vivienda analiza otras posibilidades.

Una dificultad es que no tiene garantías de alquiler.

"No es que quieran nada regalado. Están dispuestos a pagar, como siempre lo han hecho. Entonces necesitamos que las autoridades se hagan eco de nuestras peticiones y le podamos dar una solución definitiva", explicó el Proc. Rodrigo Rolón, de Udelar.

Con la llegada de la alguacil del juzgado se corroboró que la casa quedara vacía.

Las familias terminaron de cargar sus pertenecias en el camión que mandó la Intendencia para llevarlos al lugar donde están ahora provisoriamente.

Dejaron atrás el lugar en el que sienten, fueron estafados. Varios habían pagado varios meses por adelantado un dinero que nunca llegó al dueño de la vivienda.

"El problema es no estar en la calle. Uruguay me gusta, no me pienso ir. Las dificultades la hemos tenido con la encargada, no con los uruguayos. En el mundo hay todo tipo de personas", dijo Ana Rosa.

La solución para quienes tienen trabajo o para quienes puedan conseguirlo en los próximos días, podría pasar por una garantía que otorgue la Agencia Nacional de Vivienda

 

Inmigrantes piden prórroga para evitar ser desalojados de una pensión irregular en Pocitos

Un grupo de colonos pidió evitar un lanzamiento previsto para este viernes en Bella Unión

Un grupo de colonos pidió evitar un lanzamiento previsto para este viernes en Bella Unión.

La Mesa de Colonos pidió ser recibida por el Instituto de Colonización. Quieren evitar el desalojo de José Damecio da Luz, de 85 años.

El instituto argumenta que el hombre no vive en el predio de 400 hectáreas. Se fue a Artigas y dejó el campo a su hijo.

Mantiene deudas desde hace años y no pagó los convenios que firmó para refinanciar. Además tiene animales de terceros.

Según los colonos, la deuda se generó porque una empresa arrocera con la que se asoció no pagó.

El instituto dice que eso viene ocurriendo desde los años 90 y que se están violando muchas normas que otros productores cumplen.

La Justicia prevé realizar el desalojo este viernes. El instituto recibió la carta y definirá cuándo recibe a la Mesa de Colonos.

El Instituto Nacional de Colonización dejó en suspenso un desalojo que estaba previsto para este lunes en la zona de Bella Unión

El colono que vive allí mantiene una deuda de 88 mil dólares con el Instituto.

La Justicia había decretado el desalojo del colono José Demesio Da Luz de 85 años, quien ocupa un campo del Instituto Nacional de Colonización en la Colonia Eduardo Acevedo, en Bella Unión, Artigas.

El predio es de 400 hectáreas y actualmente es trabajado por Pablo Da Luz, hijo del titular. El motivo del desalojo es una deuda por 88 mil dólares, que según la familia Da Luz fue generada hace varios años por  negocios que su padre hizo con una empresa que no saldó la deuda con el Instituto.

En Montevideo, un grupo de colonos se manifestó frente al Instituto de Colonización en repudio a la medida.

La familia Da Luz aseguró que si son desalojados no tienen dónde vivir y pidieron quedarse en una parte del terreno para continuar trabajándolo.

El Instituto Nacional de Colonización dejó en suspenso el desalojo hasta el próximo miércoles donde se reunirá para evaluará alternativas.

Organizaciones sociales están preocupadas por el aumento de los desalojos forzosos de migrantes que ocupan viviendas abandonadas

Advierten que el Estado uruguayo debe buscar otros caminos y alternativas para los migrantes que muchas veces son víctimas de abuso .

En este lugar ubicado en Mercedes y Minas frente al cuartel de los Bomberos vivían unas diez familias, la mayoría peruanos y dominicanos.

Ocuparon el lugar en febrero tras pagar cada familia por una habitación entre 10 mil y 15 mil pesos.

Le hicieron mejoras, reinstalaron el agua y la luz.

Los vecinos del lugar dicen que la casa está abandonada por lo menos diez años y que muchas veces no se podía pasar por el lugar por caída de escombros de los balcones.

Las familias ocupantes comenzaron a realizar reparaciones hasta que en abril recibieron la primera notificación de desalojo.

El propietario, que es argentino, presentó dos acciones, una civil y otra penal por usurpación. En el caso penal la Fiscalía accedió al pedido de desalojo y fijó la fecha para el viernes 7 de setiembre.

El abogado Juan Ceretta de la Asesoría Jurídica de la Facultad de Derecho explicó a Telemundo que las familias abandonaron las viviendas con miedo y sin muchas alternativas.

Ceretta, junto a otras organizaciones sociales como idas y vueltas y Amnistía Internacional presentaron una carta abierta al fiscal de Corte Jorge Díaz que revea la tendencia de los desalojos forzosos.

Para Ceretta en los juicios civiles existen más garantías para las personas y más tiempo para buscar alternativas.

Solo en una de las casas desalojadas en Casavalle el jueves, se gastaban medio millón de pesos de luz al año

FOTO: focouy

Además se constató que todos sustraen energía eléctrica y agua potable, con una conexión directa a la red pública.

Mónica Sosa había sido procesada el 19 de marzo, por un delito continuado de extorsión en calidad de cómplice, con una pena de quince meses de prisión la que debía cumplir bajo el régimen de libertad asistida. Esta situación se comprobó luego del censo que se realizó en la zona del Casavalle, el pasado meses de junio.

De las evidencias colectadas durante los allanamientos a las viviendas de los procesados, se pudo determinar que ninguno de ellos tenía documentación de la Intendencia ni del Ministerio de Vivienda.

Además se constató que todos sustraen energía eléctrica y agua potable, con una conexión directa a la red pública.

Según el testimonio de la propia Sosa, tiene un lavadero, desde hace cuatro años. Tras la inspección realizada por la Policía se constataron la existencia de cuatro lavarropas y comodidades de uso de electrodomésticos tales como aire acondicionado, heladera, jarra eléctrica, microondas, varios televisores, un equipo de música, calefón, entre otros elementos.

Los relevamientos realizados por la Policía establecen un gasto de consumo de insumos de servicio público continúo y de monto económico no cuantificable en forma exacta, pero sí muy elevado, según la vista fiscal, documento al que accedió Telemundo.

El documento concluye que ninguno de los imputados pagó luz, impuestos agua y ni siquiera una cuota al Estado por el uso de la vivienda. También se estableció que no hay documentos de propiedad ni regularizaciones de la situación.

Luego de los operativos en Los Palomares de Casavalle el barrio retornó a la vida normal

La Justicia procesó y desalojó a siete personas acusadas de usurpar viviendas y robar luz y agua al Estado.

En Los Palomares de Casavalle, la banda de Los Chingas expulsó a decenas de familias el año pasado y se adueñó de sus casas. Un operativo policial desarticuló la banda y están casi todos presos desde diciembre.

Las personas que perdieron sus casas pasaron al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y ya no volverán a la zona. Seis meses después se realizó el censo que detectó que varias viviendas habían vuelto a ser ocupadas.

Este miércoles, siete personas fueron conducidas ante la Justicia. Seis de ellas admitieron haber usurpado la vivienda y haber robado luz y agua. Quedaron en libertad vigilada y se comprometieron a entregar las llaves este jueves a las 19:00 horas. La que marchó a prisión fue Mónica Sosa, quien ya había sido formalizada en diciembre por complicidad en la extorsión, pero estaba en régimen de libertad asistida.

Tras el desalojo, los vecinos de la zona realizaron protestas y cortaron calles porque, afirmaron, las familias no tienen a dónde ir.

Esta mañana el barrio había vuelto a la normalidad, aunque se mantiene la vigilancia policial. Sin embargo, la Policía confirmó que se trata de la rutina habitual en la zona.