Gustavo Leal: "No se va a tolerar la impunidad ni que delincuentes intenten ejercer un modelo de control territorial"

Para el sociólogo del Ministerio del Interior, los desalojos en Casavalle significan "la recuperación de la cultura de la legalidad en la zona". 

El miércoles, la Justicia condenó con penas alternativas a seis personas que usurpaban casas en el barrio Los Palomares de Casavalle. Y a la séptima, Mónica, que era señalada como líder de la banda de Los Chingas, se le dictó prisión preventiva mientras sigue el proceso. Las familias que vivían en esos apartamentos habían sido obligadas a irse, bajo amenaza, por narcos de la zona.

Para el sociólogo y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, este episodio judicial tiene importancia "central", porque significa "la recuperación de la cultura de la legalidad en la zona".

"La gente que está entregando las viviendas no lo está haciendo en forma voluntaria. Fueron procesados y condenados por usurpación. El Estado demostró que habían usurpado las viviendas, los condenaron y la Justicia los obligó a abandonar las viviendas".

"En las viviendas que se están desalojando ahora antes vivía otra gente. Y esa gente tiene derecho a poder vivir en esa casa y fue sacada a punta de pistola".

"El mecanismo que tenía esta banda criminal de Los Chingas era ejercer la extorsión masiva sobre las personas, desalojar masivamente a personas que no coincidían con ellos, alojar gente de su confianza, robar las cosas a las personas y, en muchos casos, las personas que luego ingresaban se sacaban fotos con los bienes de ellos y las subían al Facebook", explica Leal.

"Se está dando un mensaje muy claro: que no se va a tolerar la impunidad ni que delincuentes intenten ejercer un modelo de control territorial, que existe en otras partes del mundo".

Mónica Sosa, que ahora va a la cárcel, venía cumpliendo desde marzo una condena de 15 meses de “libertad vigilada” por su participación en la expulsión de 110 personas de sus viviendas en Los Palomares, llevada a cabo por Los Chingas a lo largo de un año.

Gustavo Leal afirmó que la líder de Los Chingas tenía un nivel de vida y de confort en el hogar como pocos en Uruguay, con electrodomésticos de última generación, aire acondicionado en cada una de las habitaciones e inclusive mármol italiano en la mesada de la cocina. Todo en su vivienda en Los Palomares. Además, sostiene que robaba luz y agua.

En cuanto a la afirmación de su abogado de que ella hacía trabajo social en la zona, Leal lo niega y dice: "Quiero creer que al abogado le mintieron".

Hace menos de dos meses, el 23 de junio, el Gobierno y la Intendencia de Montevideo desembarcaron en Los Palomares para realizar un censo que venía demorado. El mes anterior, el inspector Mario Layera se había quejado en una entrevista en El Observador por la falta de coordinación que estaba retrasando la concreción de ese plan.

"El censo lo que permitió es tener un empadronamiento y un registro muy claro de las personas que estaban viviendo allí. Entre otras cosas, detectó que en los lugares donde había sido desalojada gente, ahora estaba viviendo otra gente", explica Leal.

Mientras que en ciudades como Medellín se fomenta la convivencia con inversiones muy potentes en infraestructura, en estos barrios de Montevideo los habitantes pasan meses y años reclamando obras elementales: pavimentación de calles, tendido de agua potable, recolección de residuos regular. "Nosotros necesitamos un pacto como sociedad para hacer un shock de ciudad en el área metropolitana", dice Leal. "Eso implica recursos, también".

"No puede haber ciudadanos de segunda categoría".

"Nosotros estamos haciendo el ejercicio de la autoridad en forma activa".

Familias que ocupaban un predio en Villa García fueron desalojadas este jueves

La acción se concretó tras la participación de un mediador del Ministerio del Interior.

Son 34 familias que ocuparon el predio hace un mes. Afirman que el terreno, que fue traspasado de la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Vivienda, está así hace 25 años y que se utiliza para tirar autos y motos robadas y otros delitos.

Habían resuelto resistir pacíficamente el desalojo. Estaba la Republicana pero resolvieron irse tras la intervención del mediador. Les dijo que estaban cometiendo un delito y que los jefes de familia tienen que ir a declarar a la Fiscalía.

Johnatan Soria, vocero de los ocupantes, dijo: "Costó mucho tomar la decisión, porque hay gente que se va de acá y no tiene nada. Entonces se hizo entender a las personas que si nos quedábamos era seguro que íbamos a prisión. Todavía no tenemos solución habitacional, pero el negociador dijo que ellos hacen el trabajo de desalojo pero que no tienen novedades si nos darán solución o no".

Después de declarar ante la Fiscalía prevén volver al Ministerio de Vivienda. Afirman que la única solución que les propusieron durante la ocupación demoraría unos ocho meses en concretarse.

Policía desaloja a ocupantes de viviendas en Los Palomares, que son acusados de usurparlas y robar luz y agua

Vecinos cortaron calles de la zona para impedir los desalojos y afirman que las familias no tienen a dónde ir.

En Los Palomares de Casavalle, la banda de Los Chingas expulsó a decenas de familias el año pasado y se adueñó de sus casas.

Un operativo policial desarticuló la banda y están casi todos presos desde diciembre.

Las personas que perdieron sus casas pasaron al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y ya no volverán a la zona.

Seis meses después se realizó el censo que detectó que varias viviendas habían vuelto a ser ocupadas.

Este miércoles, siete personas fueron conducidas ante la Justicia. Seis de ellas admitieron haber usurpado la vivienda y haber robado luz y agua. Quedaron en libertad vigilada y se comprometieron a entregar las llaves este jueves a las 19:00 horas.

La que marchó a prisión fue Mónica Sosa, quien ya había sido formalizada en diciembre por complicidad en la extorsión, pero estaba en régimen de libertad asistida.

Ahora se constató que hasta tenía un lavadero en su casa con cuatro lavarropas. Para ella se dispuso como medida cautelar 90 días de prisión preventiva a la espera del juicio.

Unas 25 familias rechazan desalojo de un predio en desuso que ocupan en la zona de Puntas de Sayago

"Están dispuestos a pagar lo que les pidan y puedan", afirmó una de las vecinas de la zona.

Unas 25 familias, incluidos unos 45 niños, están decididos a no abandonar un predio en la zona de Puntas de Sayago del que quieren sacarlos.

Muchos fueron citados ante la Fiscalía mientras Policía Científica releva el terreno y la manera en que ha sido loteado.

“La gente está ocupando un predio de una cancha que está en desuso hace años. Los niños que se criaron en el barrio crecieron y quieren un pedacito de terreno para poder criar a sus familias. Este terreno pertenece a la Intendencia.

Están dispuestos a pagar lo que les pidan y puedan”.

Hubo incidentes en el desalojo del Patronato del Psicópata

Funcionarios de la Salud ocupaban el lugar pese a la esencialidad vigente en los servicios.

Este viernes integrantes de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública desalojaron el Patronato del Psicópata, el cual estaba siendo ocupado como medida gremial, a pesar de la vigencia de la esencialidad decretada por el Ministerio de Salud Pública.

A la salida, hubo gritos y un intercambio de empujones e insultos que no pasaron a mayores.

Una empresa constructora pide el desalojo de más de 500 familias que viven en el Complejo Verdisol

Los vecinos aseguran que no se van a ir.

Los vecinos ocupan el complejo desde hace más de 30 años, en enero se vence el plazo para el derecho de posesión.

Los vecinos explicaron:

Por supuesto que nos alteró un poquito, estamos tranquilos porque es un barrio que está organizado. Hay gente que hace 32 años que vive en el complejo.

Se hicieron las calles, se hizo el alumbrado público, lomas de burro, el basurero que entra todos los días, un CAIF, escuelas y policlínicas, todo hecho por los vecinos del barrio.

Somos todo gente de trabajo, madres con hijos solas, mujeres separadas. Acá somos todas mujeres que damos la cara y defendemos nuestro hogar como sea.

La abogada Claudia Ojeda, que los defiende, explicó:

Al no tener ningún cedulón, no sabemos qué acciones se van a iniciar y no podemos adelantarnos en nada. Estamos organizados y siempre lo estuvimos. Estamos dispuestos a defendernos en lo que sea. Los vecinos hace más de 30 años que están acá y han hecho arreglos y construcciones. Verán que son todos trabajadores dispuestos a proteger lo que consideran que es su propiedad.

Los dos detenidos por incidentes del desalojo de la "La Solidaria" declararán de nuevo ante la Justicia este jueves

La Justicia aguarda videos para comprobar su participación en los incidentes.

En el 2012 un grupo anarquista ocupó la casa en Av. Fernández Crespo y Cerro Largo. El lugar perteneció a la Iglesia Evangélica alemana y luego fue un refugio para niños. Finalmente el edificio fue comprado por una ciudadana chilena nacionalizada uruguaya. Cuando adquirió el lugar, este estaba ocupado. El 30 de octubre los ocupantes recibieron el cedulón de desalojo que les otorgaba quince días de plazo para irse.

Según el abogado de la dueña, la idea es acondicionar la casa para su residencia. Hasta este martes el grupo utilizaba la vivienda: había talleres, una cantina y la imprenta de un periódico anarquista.

Antes de desalojar el lugar rompieron e incendiaron la casa, luego caminaron por Av. Fernández Crespo y destruyen lo que encontraban a su paso. Dos personas fueron detenidas cuando se subieron a un ómnibus para irse del lugar y volverán a declarar ante la Justicia este jueves.

La jueza María Noel Odriozola espera los videos del Ministerio del Interior para ver si los detenidos participaron en los incidentes.

Desalojo de los artesanos en la Peatonal Sarandí

Nos acompañaron los artesanos Marcelo Tzitzios y Vera Martínez para compartir su postura sobre este asunto.

Familias desalojadas de un terreno de la IM en Parque Guaraní terminaron de dejar el predio, cumpliendo con orden judicial

Los ocupantes reclaman ayuda y respuestas de las autoridades.

Aunque la Policía tenía la orden de allanamiento, esperó algunas horas más pasado el plazo legal del mediodía de este martes. Fue el final de un trámite de desalojo de 40 familias, que duró un año.

“Nosotros no queríamos nada gratis. Nos daban los materiales y nosotros al contado no podíamos pagar, pero por mes, entre todos los vecinos, la mayoría requecha, va a la cantera, compra aluminio, cobre.  Podíamos, no lo queríamos gratis, pero que nos echen así de un día para el otro… A mí me dijeron: “si vos no firmás, te vas a la calle, te sacan a tus niñas y vos vas en cana. Si vos firmás, te vas a la calle igual, con tus niñas y sin antecedentes”. Yo pensé en mis hijas. No vino nadie a ayudar. La gente con un carrito de mano hacía lo posible”, dijo una de las vecinas.

Ocho ocupantes fueron procesados por la Justicia. Los demás se retiraron para evitar que les pasara lo mismo.

La Justicia ordenó el desalojo de 40 familias que ocuparon un predio de la IM frente al Parque Guaraní, en Curva de Maroñas

Desde la IM se dijo que no está pensado realojar a las familias que desocupen el predio.

El pasado viernes, ocho ocupantes fueron procesados sin prisión y uno con prisión  por el delito de usurpación. Hace casi dos años, un grupo de cuarenta familias decidió ocupar el predio, ubicado frente al Parque Guaraní, en la zona de Curva de Maroñas. El desalojo está previsto para este martes al mediodía.

La gran mayoría son clasificadores; además, hay muchas mujeres, madres solteras, con hijos. Al barrio lo bautizaron “Nueva esperanza”. Hoy, están reclamando ayuda.

“Nosotros ahora volvimos a estar en la calle. Sin ayuda, al menos que vengan a invitarnos a retirarnos, que venga un camioncito para poder sacar nuestras cosas. Tenemos las casas para desarmar. Los niños vuelven a estar en la calle. Si tuviera un lugar al que irme, yo sé que mañana a mi hija la voy a poder cambiar de escuela, pero hoy ya sé que mañana mi hija no va a ir a la escuela, porque no tengo a dónde ir”, contó uno de los vecinos del lugar.

En tanto, otra vecina relató su situación:

“Ahora quedamos en la calle. Todos quedamos en la calle. Hoy de noche esto tiene que estar desocupado. Vivo sola con el nene de seis años. Se puede llegar a un acuerdo. Acá nadie quiere nada gratis. Hay gente que realmente lo necesitamos. Los que estamos acá lo necesitamos”.

En tanto, el director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo aclaró que la ocupación abarca a dos predios: uno de la comuna y otro de un particular.

Beltrame aseguró que las personas que fueron procesadas por la Justicia habían manifestado que no tenían intención de desalojar el predio.

“Nosotros hicimos la denuncia de usurpación hace aproximadamente un año. Se empezó a citar a las personas que estaban ocupando, algunos no se presentaron y otros no pudieron ser trasladados. La jueza resolvió hacer los traslados a través de la seccional policial de la zona; dispuso el traslado personal de cada uno de ellos y entonces ahí los notificó”.

Con respecto al reclamo de respuestas por parte de los ocupantes, Beltrame dijo que hay propuestas, pero que la ocupación no es el camino.

“Nosotros tenemos planes de vivienda y también los tiene el Ministerio de Vivienda, pero hay que seguir los canales correspondientes. Si se siguen los carriles normales, se esperan los tiempos normales que se deben de esperar, las soluciones van a llegar, pero no es de la forma que se hizo, a través de una ocupación. Eso no puede ocurrir. No se está pensando realojar a las familias que desocupen el predio”.

Desalojan 60 familias de terrenos ocupados

Tuvimos como invitados a Álvaro Portillo, abogado y sociólogo, y a Nelson Rodríguez Servetto, diputado del Partido Nacional. Además también a dos vecinos.

Desalojaron unas 60 familias de un predio privado en Los Bulevares

Los ocupantes afirman que su idea era pagar y no les permitieron negociar.

Finalmente fueron desalojadas unas 60 familias que habían ocupado un predio privado en la zona de Los Bulevares, quienes ahora reclaman una solución habitacional al Ministerio de Vivienda y ayuda social al Mides.

La mayoría de los ocupantes son parejas jóvenes con hijos que viven en la zona. Aseguran que estaban dispuestos a pagar por el predio que ocuparon durante siete meses, y que limpiaron.

"Siempre la idea fue de pagar", sostuvo uno de los ocupantes. "No nos dejaron negociar". Se quejó también de que la Intendencia se presentó para presionar el desalojo. "Estuvimos hablando en pila, en todos lados. Nadie agarra, nos soltaron la mano", dijo. "No pedimos que se nos regalen materiales".