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La oposición departamental votó a favor de promover un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse, luego de que no se presentara a la comparecencia este viernes. "Quiero que quede claro que esto no es por los pedidos de informe, sino por el problema del relacionamiento y el desconocimiento del sistema de contralor, que eso es más grave", expresó el edil nacionalista.

La Junta Departamental votó juicio político a Carolina Cosse

Si bien lo propuse formalmente yo, el juicio político fue una decisión de los 13 ediles de la oposición de la Junta Departamental.

Lo ocurrido el viernes pasado fue el último episodio de una serie de sucesos de Carolina Cosse que lleva al desconocimiento de uno de los poderes del Estado. A nivel departamental hay poderes: el ejecutivo que lo encabeza ella como intendenta de Montevideo y el parlamento de Montevideo que es la Junta Departamental donde están todos los ediles, que también fuimos electos democráticamente. El parlamento de Montevideo tiene mecanismos de contralor para controlar la gestión de la intendencia. Ese control que son los pedidos de informe, los llamados a sala y las comisiones investigadoras, sistemáticamente durante estos dos años, la intendenta Carolina Cosse ha tratado de eludirlos, esquivarlos y hacer lo posible para no proporcionar la información.

El viernes pasado ella tenía que concurrir porque así lo establece el artículo 285 de la Constitución. No concurrió al llamado a sala, violó la Constitución y es por eso por lo que se tomó en definitiva la resolución de iniciar el proceso del mecanismo del juicio político.

Tiene que ver con un tema de relacionamiento. En estos dos años hubo un ninguneo a los ediles en nuestra función de contralor. Representamos al 40% de los montevideanos, tenemos que tener acceso a cómo se gastan los recursos, a las decisiones que se toman, cómo se fundan, y muchas veces hacemos una consulta en qué se gastan los recursos y demoran 2 años en contestarnos. Nos contestan porque tenía que ir el viernes, sino no contestaba y seguía cajoneado.

Cuando se la convocó a sala el mes pasado, porque entre que se votó la convocatoria y a efectivizarse pasó casi un mes, había 50 pedidos de informe. Faltaban 50 pedidos de informe sin contestar al momento de la convocatoria a salas. Algunos de ellos tenían más de 2 años de efectivizados los informes de un total 363 pedidos de informes y faltaban 50, casi el 14%. El 67% habían sido contestados fuera de fecha.

Cuando se habla de atropello, el atropello no es defender la democracia, la democracia lo que establece es que hay pesos y contrapesos, un ejecutivo y un legislativo que lo controle. Si el legislativo no lo puede controlar, si el relacionamiento entre ambos poderes se ha ido desgastando de tal forma por la imprenta de la intendenta Carolina Cosse, esto es lo que lleva a episodios como el del viernes.

Entendimos que debimos dar ese paso porque había una violación a la Constitución. El juicio político está previsto para violación a la Constitución o delitos graves. Acá se configura una de las causales que era violación a la Constitución. Era el único recurso que nos quedaba nosotros a los ediles para tratar de hacer un llamado de atención a la jefa comunal, para que, nosotros entendemos que se ha cometido violación a la Constitución, ponerlo en conocimiento al senado de la República y el senado en ese caso actuando como jueces, analizará la entidad de la violación a la Constitución y tomará las medidas que cree del caso. A nuestro entender es una violación no menor de la Constitución.

Lo que tenemos que hacer frente a un incumplimiento de la Constitución es acusar. Nuestra función es de fiscal, quien tendrá que resolver será el senado de la República ver si es suficientemente fuerte, si violó o no la Constitución, y si fue suficientemente fuerte para eso.

Creemos que el mecanismo y único mecanismos frente a la violación a la Constitución es el juicio político y es por eso por lo que lo realizamos.

El paso previo a los pedidos de informes debió haber concurrido el viernes y ella no lo hizo. Hay un tema más grave, hay que ir al concepto y no al hecho. Lo otro importante si estás haciendo una investigación, tomar una resolución sobre lo que pasaba el año pasado sobre los camiones y contenedores, te pido cuántos contenedores y cuántos camiones, pero tu no me das esa información. Los compañeros pidieron informe sobre cómo se manejaban 20 millones de dólares y la recibieron 2 años después.

Por qué la intendenta realizó un video estando tan acostumbrada las conferencias de prensa por qué si era tan grave el atropello no convocó a una conferencia de prensa y todas esas preguntas ustedes poderlas realizar. No será que a la intendenta no le gusta que le hagan preguntas.

Casi no hay relacionamiento entre los ediles y el ejecutivo. Con Daniel Martínez podría discrepar, pero había otro relacionamiento, un relacionamiento democrático al cual estamos acostumbrados en Uruguay. Ana Olivera y Daniel Martínez fueron a todas las comparecencias que les solicitamos.

Con el disgusto y desprecio, eso fue lo que llevó a los tres ediles de tomar la resolución de llevar a un juicio político. Había diferencias, cambios de opiniones, pero siempre había un diálogo o fuentes que se extendía a través de otros interlocutores. Cosse necesitaba 21 votos para el préstamo del BID y lo hizo sin conversarlo, lo quiso imponer. No tiene diálogo con la oposición, ese es un grave problema. Podemos tener diferencias entre los partidos, durante los 30 años de gobierno del Frente Amplio en la intendencia, pero hubo diálogo, pero Cosse tiene una diferencia abismal con las intendencias anteriores.

Lo que quiero que quede claro es que esto no es por los pedidos de informe, el problema es el relacionamiento y el desconocimiento del sistema de contralor, que eso es más grave.

Pretendemos que esto marque un cambio con el relacionamiento de la intendenta de Montevideo con Montevideo.

Lamentable del video es que los periodistas no hubiesen podido participar para hacer preguntas y el resto fue un recinto de temas nacionales, no encarar y tapar los problemas departamentales.

Nos comunicamos con Laura Raffo, no estaba en Montevideo, habló a través del coordinador de bancada y estaba en conocimiento de la decisión que se tomó. Como legisladores tenemos que tomar decisiones, la bancada del PN tomó la decisión, la comunicó a cada referente político de cada uno de los ediles que integramos la Junta Departamental, supongo que lo mismo habrán hecho los ediles colorados y ediles del Partido Independiente.