Congreso de Intendentes quiere reunirse con el Tribunal de Cuentas para discutir el manejo del superávit departamental

Los intendentes pretenden poder utilizar esos fondos para obras departamentales.

El departamento de Rocha recibió la edición número 23 del Congreso Nacional de Intendentes. En este marco, el único representante departamental que no asistió fue el intendente de Paysandú.

Uno de los temas que se trataron y fue votado tiene que ver con la conformación de una comisión para hablar con el Tribunal de Cuentas en relación al superávit que tiene algunas administraciones departamentales: el Estado no permite que ese dinero sea volcado a obras, lo que termina haciendo que a veces se terminen los períodos de Gobierno con fondos que no son destinados a acciones concretas.

En este sentido, pretenden pedirle directamente el Tribunal de Cuentas una solución que dé otras opciones.

Otro de los temas que estuvo presente fue el de la implementación de un permiso único de conducir a nivel nacional.

Acusan de inconstitucional el usar el superávit de la IMM para obras

Según la Constitución, los superávit se pueden usar solo para pagar amortizaciones.

El balance 2016 de la Intendencia de Montevideo arrojó un saldo positivo de $1.112.000. Esta es la primera vez luego de cuatro años de déficit. Parte de este dinero sería invertido en obras como plazas, vialidad y saneamiento según anunció el intendente Daniel Martínez.

“Cerramos el 2016 con un resultado positivo que nos permitirá realizar inversiones necesarias para la ciudad pero que no teníamos el financiamiento”, dijo el intendente Martínez a fines de abril 2017.

Sin embargo, el artículo 302 de la Constitución señala que “todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales” y no prevé excepciones.

Consultado por Telemundo, el abogado constitucionalista Eduardo Lust explicó que la redacción del artículo es muy clara y mandata a amortizar las deudas.

“El superávit deberá ser destinado a pagar obligaciones. Si no se hace eso, la medida sería inconstitucional”, explicó el abogado.

Lust aclaró también que la norma no establece sanciones en caso de no cumplimiento y que las únicas consecuencias serían políticas.

El diputado blanco Gustavo Penadés, sin embargo, advirtió que esto es inconstitucional y que, en caso de no respetar la ley, el Partido Nacional presentará un recurso ante la Cámara de Diputados.

“Bienvenidas las obras. Son necesarias en Montevideo pero hay que cumplir con lo que dice la Constitución. Esperemos que el intendente recapacite. Está el artículo 303 que prevé que, con las firmas de once ediles se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad”, sostuvo Penadés.

La senadora Mónica Xavier mantuvo una interpretación diferente del marco legal para el uso del superávit.

“El artículo 302 no impide que el superávit se destine a obras. Lo que dice es que, si existen amortizaciones extraordinarias, el superávit debería ir allí. Acá no hay amortizaciones extraordinarias, por tanto nos preocupa y ocupa es que ese superávit vaya a la realización de obras a beneficio de los ciudadanos”, señaló Xavier.