Marcha por el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo se realiza la tradicional marcha que comienza a las 18:30 horas desde Plaza Independencia hasta la UDELAR. Nadia Fumeiro habló con Carolina Spilman de la secretaría de Género del Pit-Cnt.

Estela Castillo: “Queremos que accedan a la enseñanza universitaria la mayoría de los estudiantes posibles”

A principios de 2023 ingresaron 20.168 estudiantes a la Universidad de la República, llegando a los 156.437 universitarios y, para 2024, se proyecta que alcance 160.260. La iniciativa “Universidad de puertas abiertas” busca difundir la oferta educativa a través de talleres, paneles con profesionales, charlas y actividades recreativas. Este programa ya se viene desarrollando en los distintos departamentos del país y en Montevideo, se realizarán dos jornadas la próxima semana. Para entender en qué consiste esta iniciativa, recibimos a Estela Castillo, prorrectora de enseñanza de la Universidad de la República.

Esta iniciativa este año es un poco diferente. La iniciativa “Universidad de puertas abiertas” ha existido hace muchos años. En general se ha manejado individualmente por facultades y la Universidad como tal intervenía en lo que antes se denominaba “Expo educa” que este año no se va a realizar. A raíz de esto la Universidad tomó la iniciativa de hacer un evento más centralizado de toda la oferta educativa de la Universidad. Y, de hecho, nuestra idea es que la oferta educativa del interior también se presente los dos días.

La Universidad ha venido trabajando sobre todo con la intención de que queremos que accedan a la enseñanza universitaria la mayoría de los estudiantes posibles, que ningún estudiante que quiera ser universitario deje de serlo. En ese sentido, para nosotros una de las cosas fundamentales es que el estudiante conozca la oferta educativa de la Universidad y las posibilidades que tiene de obtener becas tanto del sistema universitario, a través de Bienestar Estudiantil, o del Fondo de Solidaridad.

Rodrigo Arim: "Estamos afectando el derecho a la educación superior de un tramo importante de jóvenes"

Más de dos meses antes de la fecha límite que exige la normativa, la Universidad de la República aprobó su proyecto de Rendición de Cuentas. En esta oportunidad —la última en la que se puede aumentar gasto en este gobierno— la institución le pedirá al Parlamento más de US$ 130 millones. Entre otros motivos, la solicitud de aumento presupuestal se da en un marco en el que la universidad alerta que los egresados de secundaria durante la pandemia tienen "desempeño inferior" a generaciones anteriores. En Enfermería hay retrasos de más de un año e Ingeniería cuenta con un tercio de recursantes en una asignatura clave. Recibimos al rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, para hablar sobre el tema.

El pedido presupuestal de la Universidad de la República

Estamos emergiendo de una crisis sanitaria muy importante, crisis que tiene un componente educativo muy relevante. Nadie puede esperar razonablemente que, luego de dos años de pandemia, donde los jóvenes y las jóvenes estuvieron sometidos a situaciones de estrés y de no presencia en los centros educativos, esto no tenga costos en mediano y largo plazo en términos de aprendizaje.

Nosotros veníamos monitoreando esta realidad. Fundamentalmente 2022 fue el primer año en que tuvimos cierta normalidad en el desarrollo de los cursos y nos empezamos a encontrar con algunos indicios bastante claros de circunstancias no deseables. Quizás esperables, pero no deseables. En particular, un nivel de no aprobación de los cursos de los primeros años de las facultades, que es bastante superior a lo que teníamos en el 2019. Ingeniería es una de las áreas donde tenemos más dificultades. Una materia de primer año de esta facultad, que en promedio venía recibiendo 1500 estudiantes en 2019, hoy está recibiendo  2500 estudiantes. Mil estudiantes más con el mismo equipo docente.

Tenemos una tasa de fracaso en los primeros cursos que es bastante más alta de la que teníamos antes de la pandemia. Es esperable que sucediera esto. No es de esperar que en dos años, donde al final del liceo los estudiantes tienen bajo nivel de concurrencia, tengamos resultados de aprendizajes idénticos a los que teníamos antes. Lo que sucede es que las políticas públicas, en particular las políticas públicas de educación superior, tenemos que atender esta realidad con instrumentos que sean específicos.

Siempre hay un porcentaje de estudiantes que recursan, lo que sucede es que ese porcentaje se disparó en los últimos años. En el corto plazo estamos ante una generación que tiene dificultades para poder avanzar en su formación más que las generaciones previas. La pregunta que tenemos que hacernos es si tenemos que esperar al 2025 para dar respuesta a esto. Porque, finalmente, estamos afectando el derecho a la educación superior de un tramo importante de jóvenes.

Es complejo no tener la capacidad de apoyar con instrumentos adecuados a los estudiantes que están ingresando a la vida universitaria en este siglo donde la educación terciaria es clave para el desarrollo personal y del país en general.

El debate sobre casos vinculados a la libertad de prensa

En los últimos tiempos hubo distintos episodios que trajeron al debate los límites de la Justicia y del derecho a la información o la libertad de prensa. Para profundizar en estos asuntos, recibimos al abogado y profesor de la UDELAR, Matías Jackson.

Hablamos por ejemplo de la investigación de Fiscalía sobre los chats que se filtraron del excustodio presidencia Alejandro Astesiano, un expediente ya cerrado vinculado a la filtración del Plan de Inteligencia, o las demandas con distinto resultado acerca del llamado “derecho al olvido”.

Debate sobre casos vinculados a la libertad de prensa

El tema de la publicación sobre documentos filtrados no es algo nuevo. En Uruguay cada tanto aparecen olas de filtraciones o revelaciones, pero esto existe hace muchos años. Uno piensa en los papeles del Pentágono cómo Estados Unidos estaba llevando adelante la Guerra de Vietnam y esto fue hace más de 50 años.

En Uruguay esto es un hecho, existe y es parte del trabajo de la prensa de informar acerca de determinados documentos que llegan a su poder y que ponen en conocimiento público porque considera que hay un interés público.

Con respecto si hay un problema con la revelación ahí hay dos caras de la moneda. Una cara es aquella quien revela la información y la otra es la del periodista que la recibe y la publica. La cara de la publicación no es ningún problema desde el punto de vista jurídico, el periodista está cumpliendo con el deber de informar y éticamente considera que esa información debe ser puesta a disposición del público y así procede por entenderlo de acuerdo a su leal y saber.

Del otro lado está quien revela esa información. Ahí es donde puede haber delito, puede haber una falta administrativa, pero esa es la otra cara de la moneda.

Dependiendo de la situación jurídica en la que se encuentra la persona que pone a disposición esa información va variar. Si es un funcionario público o no, cómo tuvo acceso, qué medio utilizó para tener acceso, si fueron legales o no. Hay que ver el caso concreto.

Un sumario se puede llevar adelante frente a un funcionario público, pero no ante un privado.

Citación a periodistas

Es parte de las contradicciones y de cierta tendencia a llevar a los periodistas delante a los tribunales. La corte interamericana con respecto a la citación de periodistas ya supone medio amedantramiento frente a la libertad de prensa. Citándolo se pone el foco de atención en él y con un foco malicioso. Es una medida que va en contra de los estándares de la libertad de expresión.

El periodista tiene el deber de proteger a la fuente. Además, el periodista tiene el deber ante el público de mantener esa fuente. No es cuestión de que el periodista decida o no revelarlo.

Tengamos en cuenta que en Uruguay como parte del sistema interamericano refuerce especialmente la libertad de expresión prefiere la circulación de ideas a proteger la intimidad. Puede ser diferente en otros ordenamientos.

Hay países que han avanzado en la protección de informantes. La protección de informantes se establece por ley y se evalúa si el contenido, y qué medidas tenía disponible ese informante para poner a disposición. En Uruguay esa ley no existe. Quedará a criterio del juez o el fiscal actuante evaluar si el contenido de esa filtración le da mayor protección o no. La protección la tiene desde el inicio. Lo que sí está protegido es la publicación. La revelación de esa información se tendrá que ver cuál es el delito o la falta que cometió. Hay un camino para avanzar. Es necesario que se discuta en Uruguay. Se puede generar nuevos debates y mayor circulación de información.

Límites

Desde el 2008 el sistema uruguayo establece el test de la real malicia, un concepto creado en Estados Unidos que luego Uruguay lo adopta y es el criterio de que el periodista no va ser responsable en la medida que haya llevado adelante diligentemente su investigación y que no publicara a sabienda de la falsedad.

Coalición acordó aumento presupuestal para la UdelaR y fórmula para la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad

“Hemos incrementado el presupuesto de la Universidad de la República en $160 millones, con destino a mayor cantidad de horas docentes y a la expansión de la universidad al interior del país”, dijo el senador nacionalista Jorge Gandini.

Desde hace varias semanas, docentes y estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR) vienen realizando paros y manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto para la institución, en el marco de la discusión a nivel de Comisión de Presupuesto del Senado que se dio hasta este miércoles en torno al proyecto de Rendición de Cuentas, que ya recibió media sanción en Diputados.

En ese contexto, senadores de la coalición de gobierno anunciaron este martes en la noche una serie de acuerdos para modificar el texto y, mediante reasignaciones, establecer aumento de recursos en varios rubros, incluidos la UdelaR y la Universidad Tecnológica (UTEC). 

“Hemos incrementado el presupuesto de la Universidad de la República en $160 millones, con destino a mayor cantidad de horas docentes y a la expansión de la universidad al interior del país”, dijo el senador nacionalista Jorge Gandini, y remarcó que esa cifra “se agrega a los recursos que ya Diputados había agregado y el Poder Ejecutivo había agregado”.

Además, detalló el legislador, “se complementan los recursos de la UTEC en otros $12 millones, lo que completa la totalidad de lo solicitado”.

En tanto, desde la coalición también afirmaron que, de cara a la votación en el Senado de la Rendición de Cuentas, también se acordó la forma de avanzar hacia la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, un tema al que no se había llegado a un acuerdo en Diputados y que generó diferencias en la interna del oficialismo. 

“Hemos logrado encontrar un financiamiento para comenzar a rebajar hasta eliminar el adicional Fondo de Solidaridad a partir del ejercicio de 2024, con un 25% por año, para que deje de pagarse por los egresados universitarios en el 2027. Esto tiene financiamiento y empieza el 1º de enero de 2024”,

"No entramos en los salones": docentes y estudiantes ocupan diferentes facultades en reclamo de presupuesto para la UdelaR

La medida se da en el marco de la discusión sobre la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto del Senado.

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) lleva adelante esta semana una serie de ocupaciones en busca de que el Parlamento “escuche” sus reclamos, en el marco de la discusión sobre la Rendición de Cuentas que se está dando a nivel de la Comisión de Presupuesto del Senado.

Este martes, por ejemplo, las ocupaciones se dieron en la Facultad de Artes y la Facultad de Psicología. En la primera, además, los estudiantes se sumaron a la ocupación desarrollada por los profesores. 

“Esta Rendición no incluye a la Universidad de la República dentro de su reparto presupuestal”, dijo a Telemundo la docente Mariana Cafa. Entre los principales reclamos se encuentran: mantener los programas de becas, la eliminación de cupos en las carreras de ingreso y cursada, y la recuperación salarial para los trabajadores de la Universidad, entre otros. 

Consultada sobre afectaciones particulares para la Facultad de Artes sobre lo que entienden es una falta de presupuesto, Cafa señaló: “Estamos en una facultad que hace muy poquito tiempo se consagró como Facultad de Artes, unificando dos escuelas que ya existían. Tenemos un desarrollo regional muy importante, porque estamos en todos los regionales. De alguna forma, el recorte presupuestal no solo nos afecta en el poder crecer ediliciamente, también la ampliación en las carreras en los regionales es importante para poder abarcar la demanda estudiantil que hay. Y la recuperación salarial trasciende a la facultad, es una problemática a nivel de todas las facultades”. 

En la Facultad de Psicología, en tanto, remarcan otros problemas, como los vinculados a la falta de espacio y de recursos humanos.

“La Facultad de Psicología es de las más vapuleadas por el presupuesto”, dijo a Telemundo la estudiante Maru Fielitz. “Hoy hay 19.000 inscriptos y tenemos solo 220 docentes para cumplir las tres funciones universitarias. Eso pone en peligro la calidad de la enseñanza”, agregó. 

En esa línea, remarcó que las dificultades van desde “clases masivas” y problemas de infraestructura, hasta falta de espacio: “No entramos en los salones”, apuntó.

El cronograma de ocupaciones continúa de la siguiente manera:

"Es un cimbronazo": Arim dice que Diputados no presentó propuesta para que UdelaR no pierda recursos en Rendición de Cuentas

"Se nos había asegurado que no se iba a avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad si no había un mecanismo solvente para compensar a la Universidad de la República. Eso no sucedió”, afirmó el rector.

A principios de julio el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, se reunió en el Parlamento con los diputados de la coalición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, para discutir sobre el adicional del Fondo de Solidaridad, que la Rendición de Cuentas propone eliminar paulatinamente. Tras ese encuentro, el rector dijo que recibió “certezas” de que se  buscarían mecanismos de reasignación presupuestal para que esa eliminación no afectase los recursos de la UdelaR.

Sin embargo, este lunes comenzó a votarse el proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y, según dijo Arim a Telemundo, no han tenido novedades al respecto.

“Se había prometido a la Universidad de la República que en el caso de avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad iba a ser compensado en un 100% en los recursos que perdía, que son en el orden de US$ 15 millones. Siendo lunes y comenzando la votación en la Cámara de Diputados, todavía no conocemos en la UdelaR cuál va a ser el artículo que se votaría para compensar a la institución. Estamos a horas y no hemos tenido novedades”, afirmó.

En ese sentido, además, Arim dijo que “los trascendidos tanto a nivel de prensa como en alguna propuesta concreta de sustitutivo que hubo por parte de algunos diputados oficialistas, son extremadamente preocupantes”.

“Son preocupantes porque no compensan plenamente a la Universidad de la República; porque condicionan las obras, en particular en el interior del país, nos va a obligar a rever las obras en Maldonado, Rocha, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú; y preocupante también porque las soluciones que se están manejando no implicarían una compensación”, agregó.

Arim señaló una de esas propuestas, que tiene que ver con la posibilidad de que utilidades del Banco República sean destinadas a la UdelaR. “Pero si el Banco República no tiene utilidades, la Universidad no tendría esos recursos. Por lo tanto, no podemos planificar sobre la base cierta de tenerlos, en obras que a veces llevan dos, tres, cuatro años. Además, ese artículo también depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, ni siquiera se aseguran los recursos”, valoró. “Con un mecanismo de esa naturaleza, que es el único que conocemos hasta ahora propuesto, claramente está condicionada la posibilidad de que la Universidad siga haciendo obras de porte e importantes para el país”, agregó Arim.

Los fondos que implica el adicional “representan año a año alrededor de la mitad de los recursos para obra nueva” que tiene la UdelaR, dijo. “Es una afectación muy importante. Todos los servicios universitarios tienen recursos provenientes de este fondo; por lo tanto, estamos hablando de que va a haber un cimbronazo muy importante en el funcionamiento de facultades, de institutos, de centros universitarios del interior y de toda la Universidad de la República”, agregó.

“Habíamos hablado con decenas de diputados durante las semanas previas. Se nos había asegurado que no se iba a avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad si no había un mecanismo solvente para compensar a la Universidad de la República. Eso no sucedió”, afirmó el rector, y explicó que, como consecuencia de eso, comenzarán a buscar entrevistas con senadores, previendo que la discusión sobre el tema se retome cuando el proyecto de Rendición de Cuentas pase a la Cámara de Senadores. 

El artículo 431 del proyecto de ley establece la reducción de la contribución a partir del año 2023 y hasta 2026. Cada año cederá un 25% con respecto al cargo vigente en 2022, "hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026".

El 16% de los estudiantes de la UdelaR afirma haber vivido un episodio de violencia sexual o de género en la institución

La encuesta relevó además que “más del 90% de esas agresiones provienen de varones y casi la mitad de los y las estudiantes respondieron que su agresor fue un docente”.

La Universidad de la República (Udelar) presentó este miércoles los resultados de la primera “Encuesta de prevalencia sobre violencias, acoso y discriminación en la Universidad de la República”, a cargo de la la Dirección General de Planeamiento (DGPlan) de esa casa de estudios. 

Los responsables de la encuesta, Nicolás Fiori y Valeria Regueira, señalaron que la investigación incluyó tres encuestas aplicadas en forma simultánea entre estudiantes, docentes y funcionariado técnico, administrativo y de servicios. Fue de participación voluntaria y de tipo autoadministrada, y se desarrolló entre el 1° y el 25 de junio de 2021. “Considerando todas las poblaciones, participaron en esta encuesta aproximadamente 2.700 personas”, señaló Fiori, y agregó que “el margen de error máximo que podemos obtener es de 4,5 %, lo cual creemos que es aceptable”.

Los principales resultados entre los estudiantes

Entre los datos que fueron presentados, se encuentra que el porcentaje de estudiantes que manifestaron haberse sentido discriminados en la universidad fue de 12,5% y al desagregar por sexo se diferenció entre 13,4% de mujeres y 10,8% de hombres. 

En cuanto al tipo de discriminación sufrida, se indicó que el 45,3% de los estudiantes respondió que fue por género; en segundo y en tercer lugar se encuentra la discriminación por situación social o económica y aspecto físico, respectivamente. 

En relación a la violencia sexual o por razón de género, el 16,4% -entre hombres y mujeres- manifestó haberla recibido. Entre algunas de las situaciones, se planteó que fue por “haber sido ignorados o menospreciados en el ámbito educativo, por haber recibido insinuaciones sexuales o insultos a través de redes sociales, haber tenido propuestas sexuales, que hayan tocado su cuerpo sin su consentimiento o haber recibido chistes con esta connotación, entre otras”. Al desagregar los resultados por sexo se visualiza “una desigualdad importante de una relación de cinco mujeres por cada varón que sufrió agresiones”, dijo Regueira. 

La encuesta relevó además que “más del 90% de esas agresiones provienen de varones y casi la mitad de los y las estudiantes respondieron que su agresor fue un docente”.

Sobre la base de estudiantes que respondió haber sufrido de violencia, el 22,8% dijo que es la primera vez que contaba lo que sucedió mientras que el 77,2% expresó haber hablado con alguien de su confianza. Y si se trata de de las consecuencias que la violencia tuvo en el estudiantado, “se relevan consecuencias emocionales como la ansiedad y la angustia, en segundo término el efecto de la pérdida de motivación para estudiar y en tercer lugar el descenso del rendimiento académico”.

La posibilidad de denunciar

Por otro lado, la encuesta indagó sobre qué se opinaba ante la posibilidad de denunciar las situaciones de violencia vividas.

“El 48,3% de estudiantes, el 48,2% de docentes y el 41,5% las y los funcionarios entienden que ante una situación hipotética de acoso, tendría algún tipo de riesgo en el caso de denunciar”, explicaron los responsables de la iniciativa.

Regueira observó también que ante una situación hipotética de acoso, el 55,5% de estudiantes, el 45,9% de docentes y 50,8% de funcionarios consideran que el agresor terminaría siendo sancionado en caso de denuncia, pero “en todos los casos las mujeres creen menos de que va a haber una sanción”.

Por otro lado, a junio de 2021 el 15,9% de estudiantes, 37,4% de docentes y el 48,3% de funcionarios conocían el protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. “En síntesis, de la encuesta se desprende que en las tres poblaciones el principal tipo de discriminación que han sufrido es por género y los principales agresores son varones y personas con mayor jerarquía o poder. Además, los principales motivos para no denunciar también son comunes: la persona considera que es un hecho sin importancia o cree que no va a generar ninguna consecuencia”, se agrega.

Asociación Uruguaya de Posgraduandas y Posgraduandos pide que se regularice tarea de becarios y se destine presupuesto para al sector

La asociación, que se creó durante la pandemia y nuclea a cerca de 400 personas.

La Asociación Uruguaya de Posgraduandas y Posgraduandos asistieron a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para pedir que se regularice la tarea de los becarios y se destine presupuesto para este sector.

Luisina Castelli, integrante de la asociación, dijo a Telemundo que el colectivo está redactando un proyecto de ley para regularizar su situación.

“Investigadores jóvenes, en formación, trabajadores del campo de la ciencia: nuestra labor ha sido históricamente precarizada. Se entiende en general que se otorga una beca como si fuera un premio”, afirmó Castelli, y agregó: “Se entiende muchas veces que tenemos que realizar trabajos honorarios y voluntarios, y nosotros lo que queremos es que esa actividad se formalice, queremos recibir aportes jubilatorios en los contratos de beca, también cobertura de salud, todos los derechos de cualquier trabajador o trabajadora”.

La asociación, que se creó durante la pandemia y nuclea a cerca de 400 personas, mantuvo reuniones con legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo y, según manifestaron, todos entienden que los planteos son razonables y pertinentes. Sin embrago, consideran que hay que tomar acciones concretas.