Se revocó el fallo sobre vacunación infantil anticovid

Tribunal enviará expediente a la SCJ para analizar la actuación del juez. Además, Tribunal entiende que abogado que presentó amparo "no tiene legitimación".

"Soy optimista: del 1 al 100, 99": Dentone presentó respuesta a la apelación del gobierno por fallo que suspendió vacunación anticovid

"No sé si hay intencionalidad o no, pero sé que hay alguna forma de interferencia, injerencia sobre el Poder Judicial”, agregó.

El abogado Maximiliano Dentone presentó este miércoles en la tarde su respuesta a la apelación que hizo el gobierno ante el fallo del juez Alejandro Recarey, que provocó la suspensión de la vacunación contra el Covid-19 a menores de 13 años.

“Soy optimista: del 1 al 100, 99”, dijo Dentone en rueda de prensa tras salir de la sede judicial.

En ese sentido, el abogado explicó que su respuesta se basó en aspectos técnicos y aspectos sustanciales. “En el aspecto técnico, apoyar sobre todo lo que fue, en nuestra manera de ver, la soberbia sentencia del doctor Recarey. Y apoyándonos en la parte sustancial: nos apoyamos en lo que dijo el juez, fundamos legítimamente la parte formal”, agregó.

“Se pide la suspensión hasta tanto no se cumplan determinados requisitos que son legales. Hay una realidad, lo pongo siempre como ejemplo: un supermercado. No podemos tener de oferta en una góndola un refresco que no cumple con la normativa. La Ley 9.202 es la que obliga al Ministerio de Salud Pública a tener que hacer un contralor propio de la sustancia que se inocula. Por ende, la vacuna no puede estar a disposición hasta que no cumpla eso. O sea, no importa la obligatoriedad o no, esa es mi opinión y de los colegas con los que trabajé”, dijo el abogado.

En esa línea, además, afirmó que “si te basás en prospectos y no hacés tu propio estudio, en mi opinión no se cumple con la ley”.

Además, Dentone dijo que “si se hubieran cumplido las condiciones, que son cinco o seis, no tan complicadas, hoy estaban vacunando”, en relación a lo estipulado por Recarey en el fallo que suspendió la vacunación.

Consultado sobre qué hará si el Tribunal de Apelaciones falla a favor del gobierno, Dentone afirmó: “No lo sé, vamos a esperar”. 

“Hay mucha información de personas, no solo menores de 13 años, que están padeciendo efectos adversos a consecuencias de esto. Lo digo, pero lo voy a tener en forma reservada porque luego se va a evaluar también, eso va a ir por otra órbita. Lo que le está pasando a determinadas personas en el Uruguay no se presentó, eso es información que tengo yo y lo vamos a elaborar”, agregó el abogado.

En tanto, consultado sobre si siente que se configuran presiones ante el pedido que han hecho diferentes actores políticos en relación a una posible investigación en el ámbito judicial sobre el actuar de Recarey, Dentone dijo: "Sí. En mi opinión sí. No sé si hay intencionalidad o no, pero sé que hay alguna forma de interferencia, injerencia sobre el Poder Judicial”.

El tema ahora llegará al Tribunal de Apelaciones, que una vez que reciba el expediente tiene un plazo de cuatro días para resolver.

"El no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad", dice OPS tras fallo judicial en Uruguay

La vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech es “segura y efectiva para todas las personas mayores de 5 años", agregan.

La semana pasada, la orden del juez Alejandro Recarey obligó a suspender la vacunación anticovid en niños de entre cinco y 13 años. Tras este fallo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas,notificó de la situación a la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Salinas aseguró a Telemundo que correspondía informar a los organismos internacionales sobre la situación de la vacunación en Uruguay.

Ante esta situación, la directora de la OPS, Carissa Etienne, emitió este lunes una carta en respuesta a lo informado por Salinas.

En la misiva, la OPS reiteró a las autoridades sanitarias uruguayas la recomendación del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la Organización Mundial de la Salud que estipula que la vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech es “segura y efectiva para todas las personas mayores de 5 años”. 

Etienne sostuvo además que “la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido incluida en la Lista de Usos de Emergencia de la OMS, un procedimiento basado en el riesgo para evaluar y enumerar vacunas, terapias y diagnósticos in vitro sin licencia con el objetivo final de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública como la que todavía se enfrenta”.  Eso, explicó en la nota remitida al ministro, “permite que los Estados Miembros de la OPS/OMS y sus Agencias Reguladoras Nacionales formulen sus políticas sanitarias soberanas y puedan acelerar la autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19”. “Se basa en evidencia científica”, remarcó. 

La directora de la OPS afirmó además que “el no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad y privación al derecho humano a la salud”. “El derecho a la salud es sin duda esencial para el bienestar y la riqueza de las naciones, que se encuentra amparado en los tratados internacionales de los que Uruguay es parte”, señaló y finalizó: “La evidencia científica respalda abrumadoramente esta afirmación”.

Este lunes el gobierno presentó la apelación al fallo del juez Alejandro Recarey.

Presidencia y MSP preparan apelación contra fallo sobre vacunación anticovid; confían en poder revertir la suspensión

Ambos escritos serán evaluados por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, además especialista en derecho administrativo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia preparan las apelaciones contra la suspensión dictada sobre la vacunación anticovid a menores de 13 años.

Equipos técnicos de ambos organismos del Estado redactan el texto que se presentará el próximo lunes ante un Tribunal de Apelaciones y que deberá contar con el visto bueno del prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El gobierno cuenta con tres días hábiles para presentar la apelación, que recaerá en el juzgado de Alejandro Recarey y luego desde ahí será elevada a un Tribunal de Apelaciones en lo civil. Ese tribunal tendrá cuatro días para expedirse.

La decisión del gobierno, una vez conocida la sentencia de Recarey, fue apelar, algo que hará por un lado el MSP y por el otro la Presidencia de la República.

El gobierno confía en que la decisión del juez pueda ser revertida cuanto antes, tal como señaló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Este jueves el jerarca manifestó en una conferencia de prensa que esperaba que esta situación se transformara en “pocos días” en una “anécdota desagradable”.

Se prevé que los argumentos de las apelaciones estén en línea con lo ya presentado. Esto es: la ausencia de una legitimación para presentar el recurso de amparo por parte del abogado Maximiliano Dentone, la prescripción de los plazos y también cuestiones de fondo vinculadas a la separación de poderes.

En este sentido, el prosecretario insistió el jueves que la conducción de la política sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo.

Diputados de Cabildo celebraron fallo de Recarey; partido se desmarcó y salió a respaldar a Salinas y a la campaña de vacunación

Cabildo Abierto un comunicado en el que señalan su “absoluto respaldo” al ministro Salinas, y también a “la exitosa implementación del Plan de Vacunación contra COVID-19".

El sistema político pareció mostrar consenso tras la noticia de que el juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey había ordenado suspender la vacunación contra el coronavirus para niños de entre cinco y 13 años, tras un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone. Tanto desde el oficialismo como en la oposición coincidieron en lo negativo del fallo para el rumbo sanitario del país.

Sin embargo, las diferencias surgieron a la interna de un partido de la coalición de gobierno: Cabildo Abierto.

Los diputados Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz respaldaron la postura del juez Recarey. “Me pareció perfecto”, dijo Capillera al diario El País sobre el fallo. “Si no hay nada que esconder, que demuestren. El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”, dijo la legisladora, y consideró que si el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien pertenece a Cabildo Abierto, tiene información para dar, debe darla. “Si tiene más documentos para mostrar, que lo haga, que apele el fallo, pero que termine de entregar toda la información”, agregó

 “Me parece que es una buena decisión como medida preventiva”, dijo por su parte el diputado Albernaz, y agregó: “Luego de esto se va a dejar de presionar a aquellos padres que deciden no vacunar a sus hijos. Va a ser un antes y un después porque se va a actuar en función de la libertad que tanto pregona el gobierno”.

En tanto, un tercer diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, también opinó sobre el tema. “Es muy bueno para la democracia que se creen estas instancias, sobre todo cuando hay una parte de la población que tiene dudas”, afirmó.

Los tres representantes ya habían demostrado una postura diferente a la del resto de la coalición y de su propio partido en relación a la pandemia y a su manejo sanitario. Los primeros días de setiembre se conoció que en filas del partido liderado por Guido Manini Ríos había tres representantes que decidieron no vacunarse: Capillera, Menéndez y Albernaz.

Capillera, que luego contrajo Covid-19, dijo que su decisión de no vacunarse se debía a su creencia religiosa. "Yo, por mi fe cristiana, soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", afirmó en ese momento.

Ante esa situación, también en setiembre del año pasado, Salinas fue consultado al respecto, y respondió: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa".

"Posiciones personales"

Las opiniones de esos tres diputados no representan la visión de Cabildo Abierto. Así lo explicó este viernes el senador Raúl Lozano a Montevideo Portal: “Cabildo Abierto es un partido de hombres y mujeres libres, donde alguno puede pensar distinto al partido, pero el partido apoya al ministro Salinas. Son posiciones personales, tienen libertad de hacerlas, pero no son la opinión del partido”.

En ese sentido, Lozano dijo además que “el partido respalda a Salinas en forma incondicional”, y que su gestión “ha sido un ejemplo para el mundo y lo toman como ejemplo en la comunidad científica y en cómo se desarrolló el plan de vacunación y cómo se ejecutó. Todos los uruguayos tuvimos la oportunidad de vacunarnos de forma voluntaria, este fallo es totalmente ridículo y absurdo”.

En la misma línea, Cabildo Abierto emitió este viernes un comunicado en el que señala su “absoluto respaldo” al ministro Salinas, y también a “la exitosa implementación del Plan de Vacunación contra COVID-19, cuyos excelentes resultados están a la vista y cuentan con la aprobación de la enorme mayoría de los uruguayos”.

“El acatamiento de los fallos judiciales no se contrapone con la facultad democrática de todos los ciudadanos de criticar o disentir con sus decisiones”, agrega el comunicado, firmado por los senadores Guillermo Domenech y Lozano.

Este jueves, Salinas se refirió al fallo de Recarey y afirmó: “Muchos menores de 13 años pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros no: se les está negando injustamente su derecho".

Suspensión de vacunación abrió debate sobre los recursos de amparo

Ministerio de Salud Pública apelará el fallo sobre suspensión de vacunas anticovid a niños. El Tribunal de Apelaciones dicta la sentencia en un plazo máximo de 40 días.

"El sentimiento de la colectividad médica y científica es de gran preocupación": SMU considera que fallo judicial sobre vacunas no es acertado

“No hubo fallecimientos por vacunas en niños y adolescentes”, dijo la presidenta del SUP.

El juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey ordenó este jueves suspender la vacunación contra el coronavirus para niños de entre cinco y 13 años tras un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone.

Tras esto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) ofreció en la tarde de este jueves una conferencia de prensa para referirse al tema.

“Queremos transmitir un mensaje de preocupación. El sentimiento de la colectividad médica y científica es de gran preocupación frente a esta decisión del poder judicial, que creemos no ha sido acertada”, dijo  Zaida Arteta, presidenta del Comité Ejecutivo del SMU, y manifestó hablar en representación de las sociedades científicas y el SMU.

En ese sentido, Arteta reiteró que “el proceso de recomendación de las vacunas ha sido de los más serios que hemos tenido, como es habitual en nuestro país. “Estamos convencidos de que se hizo un trabajo profundo para estas recomendaciones, y que la evidencia científica las avala”, agregó.

“Estamos convencidos de la efectividad de las vacunas. Y eso ha permitido el control que tenemos en este momento sobre la pandemia, que no es del 100%. La situación epidemiológica está dada por las vacunas y por el esfuerzo de todos”, dijo Arteta, y agregó: “Todas las vacunas salvan vidas, no solo las de covid”.

Arteta dijo además que desde el SMU se acercaron al Ministerio de Salud Pública para manifestar su apoyo en el alegato del fallo judicial de este jueves: “Nos acercamos al ministerio a ofrecer nuestro apoyo para lo que podamos colaborar y tirar juntos de esta piola para estar todos mejor”.

“No hubo fallecimientos por vacunas en niños y adolescentes”

En tanto, también durante la misma conferencia de prensa, Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), remarcó que “no se ha interrumpido la vacunación por problemas científicos o técnicos vinculados a la seguridad de la vacuna”. “El análisis de los beneficios y riesgos, de la seguridad y la efectividad, fue un análisis muy meticuloso. Y así se aprobó para extenderlo a más franjas etarias. Eso no cambia con el fallo que se dio hoy”, apuntó Pujadas.

“El país y toda la población hizo un gran esfuerzo y mostró su solidaridad al responder masivamente a la vacunación cuando se logró que hubiera disponible una vacuna en tiempo récord para combatir la pandemia. Los resultados están a la vista: pudimos regresar a una nueva normalidad”, dijo la presidenta de la SUP.

En ese sentido, remarcó que el Covid-19 en los niños “no es una enfermedad inocua”, sino que “tiene un porcentaje de consecuencias y complicaciones”, por lo que “no es para considerarla una enfermedad banal”. “Las vacunas han demostrado en el mundo su seguridad y su efectividad. Ya hay análisis bien realizados que muestran cómo los efectos adversos han sido ínfimos. Y que no hubo fallecimientos por vacunas en niños y adolescentes”, dijo Pujadas, y agregó: “Queremos reiterar la tranquilidad que debe tener la población: la vacuna sigue siendo efectiva y segura”.

“Una vez que se pueda volver a la vacunación, como esperamos que sea, llamamos a que la población lo haga con la misma tranquilidad y certeza”, concluyó Pujadas.

Quién es Alejandro Recarey, el juez que ordenó suspender la vacunación anticovid a menores

En 2019 denunció penalmente al entonces ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y en noviembre de 2003 enfrentó a la administración de Jorge Batlle en el caso de Elena Quinteros.

El juez Alejandro Recarey ordenó al Ministerio de Salud Pública suspender las vacunaciones a menores. Pero tiene otros fallos contra administraciones de gobierno, e incluso acciones contra un jerarca.

En distintos medios ha sido descrito como un juez “extremadamente racional y directo”, o que en juicios al Estado “va para adelante”.

Varias veces falló en contra de organismos por medicamentos de alto costo; y, de hecho, en agosto del año 2019 denunció penalmente al entonces ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por desacato.

El ministro había incumplido una sentencia en la que Recarey “le solicitó explicaciones sobre la compra de algunos medicamentos”, señaló el diario El País.

Años atrás, en noviembre de 2003, “se enfrentó” a la administración del entonces presidente Jorge Batlle, por el caso de Elena Quinteros, según recordó Montevideo Portal.

El juez se desempeña como titular del juzgado civil, y actualmente actúa como subrogante en lo contencioso administrativo.

El caso de las vacunas y la sentencia de este jueves volvieron a poner el nombre de Alejandro Recarey en la agenda.

“Muchos menores de 13 años pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros no: se les está negando injustamente su derecho", dijo Salinas

“Poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país”, dice Salinas en su carta.

La orden del juez Alejandro Recarey obligó a suspender la vacunación anticovid en niños entre cinco y 13 años. Tras este fallo, conocido este jueves, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, emitió una carta abierta a través de sus redes sociales.

“Reafirmamos, enfáticamente, nuestra convicción de que el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 fue necesario y efectivo para mitigar la pandemia. La vacunación fue un instrumento que permitió mejorar notoriamente el status sanitario del país: redujo los contagios, redujo las internaciones y los fallecimientos por Covid-19”, comienza diciendo la carta.

En ese sentido, el ministro recuerda que “mientras el mundo entero sufrió graves daños por la sucesión de las olas de Covid-19, en Uruguay el ingreso de la variante delta no tuvo impacto negativo, en virtud de que un porcentaje importante de la población ya contaba con dosis de refuerzo”.

“Más importante aún, la vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario, que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países”, agrega.

Salinas apunta además que “la vacunación permitió que la sociedad recupere en forma plena y anticipada la actividad educativa, social, cultural y deportiva”. Y la vacunación “permitió recuperar antes y mejor la interacción social, el acompañamiento a los más vulnerables”, agrega.

“Poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país”, dice Salinas en su carta, y agrega: “Uruguay ha sido ejemplo en el mundo por su gestión de la pandemia y su rápida vacunación, mérito de la población en su conjunto”.

Además, entiende Salinas, poner en duda a las vacunas “afecta la credibilidad de nuestros científicos y académicos que han apoyado esta campaña de vacunación”.

“El plan de vacunación y la elección de plataformas vacunales contó el aval del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y de más de 80 expertos de distintas disciplinas donde se incluyen médico de todas las especialidades, sociólogos, psicólogos, estadísticos, matemáticos, entre otros”, agrega el ministro de Salud Pública. 

Al hacer ese cuestionamiento a las vacunas, considera Salinas, “se cuestiona la abrumadora evidencia científica acumulada, información que se ha publicado en la página del MSP y a está a disposición de la población”: “La evidencia científica muestra con evidencia abrumadora que la vacuna de ARN mensajero no modifica el genoma humano”.

Ya sobre el final de su carta, Salinas dice que desde su cartera reiteran el “compromiso con la salud de todos y de cada uno de los uruguayos”, y el “convencimiento de haber hecho lo correcto en todo momento”.

“Muchos uruguayos menores de 13 años ya pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros no. A ellos se les está negando injustamente su derecho”, dice Salinas, y concluye: “Como cuenta la leyenda, hace casi cuatro siglos, Galileo Galilei habría expresado: ‘Eppur si muove’” (“y, sin embargo, se mueve”).

En conferencia de prensa este jueves, el secretario de Presidencia dijo que el Poder Ejecutivo apelará "indudablemente" la decisión del magistrado. "El gobierno está preparando la apelación inmediata de este fallo", dijo.

Justicia intimó al Estado a detallar el contenido de vacunas anticovid para niños o a "expresar si la confidencialidad" lo impide

Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, deberá presentar las respuestas a las 18 preguntas que le realizó el juez en el marco de la indagatoria.

Este miércoles comenzó el proceso judicial encabezado por el juez Alejandro Recarey por el recurso de amparo presentado contra la vacunación anticovid en niños. Ante la sede judicial han comparecido jerarcas de Presidencia, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de brindar información acerca de los contratos con los laboratorios que vendieron dosis a Uruguay y la composición de las vacunas.

El juez intimó a Presidencia de la República y al MSP a que “presente amplio detalle del contenido de las vacunas Pfizer pediátrica de referencia, según surge del contrato de compra, textualmente; o en su caso que exprese si la confidencialidad expresamente alcanza a este detalle”, de acuerdo a lo que indicó el Poder Judicial.

Los detalles sobre la composición de la vacuna deberán ser presentados este jueves a las 9:00, hasta cuando se resolvió posponer la audiencia para que las partes puedan dar sus alegatos. 

Parte de la información que solicitaba el recurso de amparo al que dio lugar el juez Recarey relativo a la vacunación anticovid llevada adelante en Uruguay implicaba que el gobierno diera a conocer los contratos que selló con las diferentes compañías que vendieron dosis al país.

Sin embargo, en el escrito presentado ante la Justicia por parte del MSP y Presidencia de la República se asegura que es imposible responder a esta solicitud, dado que esos documentos poseen una cláusula de confidencialidad que no le permite al Estado uruguayo divulgarlos.

"En caso de divulgación de cláusulas confidenciales se sometería a la República Oriental del Uruguay a la incertidumbre de cómo afrontar otras enfermedades, pues seguramente recaerán consecuencias económicas y de carencia de estas vacunas y de otras", asegura el escrito dado a conocer este miércoles. Se agrega que en este caso también implicaría el "descrédito internacional" para Uruguay. En la misma línea, el riesgo a corto plazo de divulgar los contratos con las farmacéuticas es que éstas opten por cortar el suministro de dosis ya adquiridas y cuya entrega puede estar pendiente.

Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, deberá presentar las respuestas a las 18 preguntas que le realizó el juez en el marco de la indagatoria.

Las primeras declaraciones

Este miércoles, el MSP y Presidencia de la República acusaron al juez Recarey de no ser imparcial y sostuvieron que "debería excusarse de participar" del proceso que inició tras una acción de amparo presentada para suspender la vacunación anticovid en menores.

"Por haber dado ciertas opiniones previamente, debería excusarse de participar", indican los abogados que representan al gobierno en un recurso divulgado este miércoles por el MSP y que se presentó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno.

"La anterior afirmación, no resulta un embate personal sin elementos, sino que, muy por el contrario, se encuentra más que fundada y se realiza con el máximo respeto, siendo derecho de nuestras representadas acceder a la Justicia efectiva, lo cual conlleva a la necesidad de que exista un magistrado que no haya emitido juicios de valor previos, que puedan teñir el caso en debate y producir violaciones al debido proceso", agrega el documento.

Para los abogados Recarey "debería excusarse de actuar, por haber dado opiniones previas, tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia, de la Administración, de los profesionales de la salud y de ciertas empresas, entre las que estarían comprendidos los laboratorios".

El magistrado no hizo lugar al pedido. "No hay un hilo lógico que lleve a pensar que un juez que desea claridad para fallar, sea por eso solo parcial", afirmó Recarey.

Por otra parte, el MSP desarrolló una serie de fundamentos para contestar los puntos presentados en la acción de amparo, al tiempo que defendió la campaña de vacunación contra el Covid-19.

"El poder Ejecutivo en todo momento actuó salvaguardando y protegiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad, y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean", indicó la cartera en un comunicado.

Además, aseguró que la actuación del juez constituyó una "clara violación" a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias a cargo del Poder Ejecutivo.

"Las vacunas fueron aprobadas y registradas a nivel nacional. Las vacunas son eficaces y seguras", remarcó la cartera. A su vez, sostuvo que las vacunas lograron disminuir la mortalidad y los contagios, "son un mecanismo para proteger la vida".

Por último, el MSP señaló que el plan de vacunación "fue implementado para mitigar la pandemia, el Poder Ejecutivo actuó bajo las potestades que le confiere la Constitución y la ley".

"Se toma a los niños como ratones de laboratorio": qué dice el amparo que llevó a que la Justicia intime al gobierno sobre vacunas anticovid

"La autoridad uruguaya desconoce por completo qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos”, agrega el documento al que accedió Telemundo.

El gobierno uruguayo y la farmacéutica Pfizer deberán presentar ante la Justicia información detallada sobre las vacunas anticovid administradas en el país, de acuerdo con una orden judicial. El juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños, prevista en el país a partir de los cinco años de edad, aunque de forma voluntaria.

Telemundo accedió al documento con el pedido de amparo en el que se basó el juez Recarey para elaborar su solicitud, y que había sido difundido por El Observador este domingo. El documento fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que había representado al diputado César Vega en un juicio contra el periodista Leandro Grille.

En ese documento se afirma que “el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias, y se cumpla con los requisitos legales, incumplidos hasta el momento”.

En ese sentido, el pedido de amparo señala que “el gobierno ha violado los mínimos y básicos principios del derecho precautorio y lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como ‘ratones de laboratorio’”.

En sus justificaciones para presentar el pedido de amparo, agregan que “el supuesto virus que generaría la patología denominada Covid-19 no está aislado, cultivado y secuenciado biológicamente, contrariamente, se trata de un procedimiento informático, es decir, que su existencia es digital, y que por lo tanto no se pudo acreditar su existencia biológica”.

Además, se argumenta que “las sustancias que se inoculan no están autorizadas por la F.D.A., se utilizan en función de una ley militar de los EE.UU. que permite su aprobación de emergencia”.

“Se ha vacunado y se vacunará sin consentimiento médico informado, conducta que vulnera la libertad, dignidad y derechos humanos de los seres humanos”, apunta el documento, y agrega dos aspectos: por un lado, que “los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las sustancias que están inoculando” y que, además, “el contrato de adquisición de las sustancias y el oligopolio farmacéutico es secreto, se le ha negado acceso a la población, habiendo trascendidos que contiene cláusulas de indemnidad e impunidad ante posibles efectos adversos”.

Por otro lado, el documento remarca que “el Ministerio de Salud Pública hasta el momento se ha negado a dar las cifras de muertos por causa de la vacuna”, y que “a nivel de los países que más han vacunado, se han multiplicado la cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas”.

“Los principios del derecho precautorio, sumado a la relación riesgo beneficio de la inoculación, objetivamente demuestran la inconveniencia de la vacunación”, dice el pedido de amparo, y señala que, según el informe del profesor Campra de la Universidad de Almería, “las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico”, además de “ARN mensajero, cuya incidencia en el genoma humano se desconoce”.

En conclusión, “la autoridad uruguaya desconoce por completo qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos”, por lo que “la conducta de las autoridades sanitarias uruguayas es absolutamente ilegal, negligente y temeraria, por lo que debe suspenderse inmediatamente la vacunación a niños”.

Tanto el gobierno uruguayo como la farmacéutica Pfizer disponen de 48 horas para presentar ante la Justicia información detallada de las vacunas anticovid administradas en el país, de acuerdo con el pedido judicial.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó a Telemundo que aún no han sido formalmente notificados pero ya comenzaron a preparar la información para presentarla el próximo miércoles a las 9:00 horas. Delgado explicó que los abogados del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los de Presidencia comenzaron a trabajar para poder cumplir con los pedidos de la Justicia.