Fue asesinada en 2017 por su expareja frente a sus dos hijos. Para conversar sobre el tema recibimos al abogado Ignacio Durán.
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El caso de Valeria Sosa
El 30 de enero de 2017 fue asesinada por su ex pareja en la puerta de su casa y frente a sus dos hijos pequeños. El homicida era policía y usó su arma de reglamento para matarla, a pesar de haber sido denunciado en reiteradas ocasiones.
Mamá de Valeria Sosa: "No la mató solo el exmarido, sino los 19 policías que desaparecieron las denuncias"
"Yo sé que esa plata no me va a devolver a mi hija, es para que no haya otra Valeria más", afirma.
Beatriz Olivera, la madre de Valeria Sosa, habló sobre los motivos por los que su familia demandará al Estado:
"Lo único que espero es que se haga justicia. No la mató solo el exmarido, fueron los 19 policías que desaparecieron las denuncias y quedaron encajonadas".
"No encuentro explicación de cómo pudieron hacer una cosa así".
"Íbamos de una seccional a otra y nunca le sacaron el arma, nunca le pusieron tobillera, no lo separaron del cargo; nada".
"Yo sé que esa plata no me va a devolver a mi hija, es para que no haya otra Valeria más".
Familia de Valeria Sosa confirma demanda al Estado
Nos acompañó el abogado Ignacio Durán para hablar sobre el reclamo de US$700 mil que la familia de la joven asesinada hace al Ministerio del Interior.
"La mamá de Valeria Sosa nunca preguntó cuánto se podría ganar con el juicio, pero sí dijo que no quiere que haya otro caso como el de su hija"
El abogado de la familia de la bailarina asesinada dijo que la madre de Valeria está buscando tener la tenencia de sus nietos.
La familia de Valeria Sosa, la bailarina de “Mi Morena” asesinada por su expareja policía el 30 de enero de 2017, demandará a Estado por “daño moral, perjuicios y lucro cesante”.
El caso tuvo gran impacto en la sociedad por la forma de proceder del homicida, la polémica sobre el destino de los hijos de la pareja y las omisiones que se registraron al protocolo de actuación policial.
Abordamos el tema junto al abogado de la familia, Ignacio Durán.
Hubo una falla del protocolo policial. Es una muerte que dicho por el propio Bonomi se pudo y se debió haber evitado.
Este caso investigó una investigación sumaria en la que hay 19 policías indagados hasta hoy. Se investiga por qué se encajonó la denuncia, por qué no se le dio trámite y se mandó a Valeria de una seccional a la otra.
La familia sabe que a Valeria no se la va a devolver nadie. Ellos nunca preguntaron cuál era el monto de la manda contra el Estado. La mamá de Valeria nunca me dijo cuánto se podría ganar, pero sí me dijo que no quiere que haya otra Valeria.
Nos sorprendió bastante la actitud asumida por el departamento jurídico del ministerio, donde se negó la responsabilidad en el hecho. Y dijo que no se hacía cargo de las cosas que dijera el ministro en la prensa.
Más allá del daño moral, la responsabilidad no es sujeto de discusión. Lo dijo el ministro y la página institucional del ministerio reconoce el error.
Los dos hijos de Valeria siguen con los abuelos paternos. Tienen vistas fluidas de la familia de Valeria. La mamá de Valeria está pidiendo la tenencia de los menores.
La defensa de la familia de Valeria Sosa presentará una demanda contra el Estado
No hubo acuerdo en la negociación con el Ministerio del Interior y por eso se va a juicio.
La madre y los hermanos de Valeria Sosa, la bailarina que fue asesinada por su ex pareja, iniciarán en las próximas semanas una demanda civil contra el Estado por daño moral, perjuicios y lucro cesante, según confirmó el abogado de la familia, Ignacio Durán.
Lo primero es la concreción de una instancia previa de conciliación. Posteriormente, se presentará una demanda que, según estima el abogado, podría llegar a ser de unos US$ 600.000. “No quiere decir que sea la cifra definitiva, es un cálculo según bases jurisprudenciales, es la base para empezar el diálogo”, dijo.
La demanda civil es por la “responsabilidad manifiesta y evidente en el protocolo de actuación policial”, explicó Durán a El País. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que por lo menos 19 efectivos dependientes de su cartera no actuaron de manera adecuada en el caso. De hecho, ya fueron separados del cargo. El Ministerio indicó en distintos documentos públicos que el homicidio “pudo y debió” ser evitado.
Valeria denunció las actitudes violentas y las amenazas de las que era víctima pero nunca fue atendida como correspondía, según la propia repartición estatal.
Más allá de que Interior asumiera públicamente su responsabilidad en el caso, la familia de la víctima jamás recibió una muestra de preocupación oficial desde el punto de vista humano. “A la madre de Valeria nadie del Ministerio la llamó para saber cómo estaba”, dijo el abogado Durán.
"Todo el tiempo había una persecución por parte del padre de los hijos de Valeria. Él quería saber todo"
César Bianchi presenta su último libro: “Valeria no pudo bailar y otras crónicas de femicidios recientes”. Además, hablamos con una de las amigas de Valeria Sosa.
Se publicó el libro “Valeria no pudo bailar y otras crónicas de femicidios recientes”, donde el periodista César Bianchi reconstruye las historias de varios casos que tuvieron gran repercusión pública en los últimos años: Lola Chomnalez, Valeria Sosa, Dayana Yeyé, Melissa Ruggiero, Cinthya Silvera, Analía Perdomo y el doble asesinato de Paysandú, donde murieron las ancianas Ofelia Chéchile y su hija Martha Martínez.
Además, abordamos el tema junto a María Noel Barrales, amiga de Valeria Sosa.
César Bianchi
Algunos casos tienen que ver con la atención mediática que tuvieron. Pretendí ir más allá de lo que puede mostrar un noticiero.
En el caso de Lola, por ejemplo, fui a Valizas, a hablar con el pescador que lo encontró, y a Argentina, a hablar con sus padres y con las mejores amigas. El de Lola es un caso abierto, a dos años y pico. Esa fue una de las cosas que me movió.
En el caso de Valeria Sosa, sin duda fue el más mediático del último año y el que más movió gente para la marcha del 8 de marzo. En ese caso, sonaron todas las alarmas.
María Noel Barrales, amiga de Valeria Sosa
Yo estaba hablando con Valeria. Estaba haciendo ravioles. Me contó que habían estado jugando a la pelota con los niños. Ya me había comentado los episodios de violencia.
Todo el tiempo había una persecución por parte del padre de los niños hacia ellos. Él quería saber todo.
La conocía a Valeria desde hace mucho antes que el liceo. Ella contó delante de la clase que ya estaba aburrida, que lo que le había tocado era aprender a ser fuerte porque sabía que por vías de la Justicia no iba a llegar a ningún lado.
César Bianchi
Intenté hablar con los dos padres de él, que hoy tienen la tenencia, pero recibí siempre un no y cortadas de teléfono.
La abuela paterna de los niños, la madre del asesino, también ejerció violencia contra Valeria. Ella un día llega a buscar a los nenes y el hombre empieza a pegarle a Valeria y su madre se suma. La señora no lo negó.
El Tribunal de Apelaciones resolvió mantener a los hijos de Valeria Sosa bajo custodia de los abuelos paternos
Aún no está resuelta la tenencia definitiva.
El fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno ratificó la sentencia en primera instancia de la jueza Iris Vega, que otorgó la tenencia provisoria de los dos niños de siete y once años a la familia paterna y que había sido recurrido por la abuela y la tía materna.
Las tres ministras del Tribunal entendieron que fue correcta la primera sentencia, que dispuso que los hijos de Valeria Sosa quedaran provisoriamente con los padres de su esposo, el policía que la mató de un balazo en la cabeza y luego se entregó.
No obstante, aún no está resuelta la tenencia definitiva y la familia materna ya interpuso la solicitud ante el juzgado de familia correspondiente, que será el que resuelva finalmente.
Beatriz Olivera, la abuela materna, prefirió no hacer declaraciones a propósito del fallo para no afectar la causa judicial ni el vínculo con sus nietos, con quienes sigue manteniendo contacto. Contó que los niños permanecen con ella todos los fines de semana, de viernes a domingo hasta las 17:00.
Familiares de Valeria Sosa demandarán al Ministerio del Interior
Valeria Sosa fue asesinada por su expareja, un policía, en enero de 2017.
Este lunes se desarrolló una audiencia de conciliación con el Ministerio del Interior. El abogado de la familia de Valeria Sosa, Ignacio Durán, señaló que el ministerio no quiso llegar a un acuerdo sino que además negó las responsabilidades que pesan en el caso.
“Fue un poco más en una actividad incongruente con los dichos del ministerio que dijo que no tenían que ver con el asesinato de Valeria y ensayaron una suerte de pésame bastante inoportuno”, contó el abogado Ignacio Durán.
Por otra parte, el abogado señaló que los hijos de Valeria Sosa siguen al cuidado de sus abuelos paternos pero esa situación aún no está resuelta. Según Durán, antes de las ferias judiciales de julio, deberá tomarse una determinación al respecto.
“Se presentó una apelación que ahora está en un Tribunal de Apelaciones de Familia para que se decida la tenencia de los menores”, dijo Durán.
“La familia de Valeria Sosa quiere que haya un antes y un después: ella hizo todo lo que tenía que hacer y falló el sistema”
El abogado de la familia de la mujer asesinada explicó los detalles de la demanda que presentarán contra el Estado.
La familia de Valeria Sosa, la mujer que fue asesinada por su expareja –un funcionario policial-en el comienzo del año, realizará una demanda al Estado. ¿Cuál es el reclamo y cuál es la situación actual de la familia? Hablamos sobre la demanda (con un valor de 600.000 dólares) con el abogado de la familia, Ignacio Durán.
La pobre mamá de Valeria tiene que soportar el atropello de varios irrespetuosos que dicen que con dinero todo se tapa. Cuando la familia toma la decisión de hacer esta demanda, que es manifiesta, según el propio ministro, ni siquiera me preguntan cuál es el monto del asunto por el cual se iba a demandar: me parece a destacar.
Quieren que haya un antes y un después de lo que sucedió. Valeria hizo todo lo que tenía que hacer y falló el sistema. Ella tuvo el coraje, hizo la denuncia, y aún así pasó lo que pasó.
El protocolo dice que cuando hay un funcionario policial involucrado, se tiene dar cuenta, sin importar dónde se haga la denuncia. No se lo quitó el arma al funcionario.
El propio Ministerio del Interior dice que esto caló hondo en la institución. La responsabilidad es manifiesta. Enfrentar un juicio donde la otra parte dice que ya es responsable… eso es mucho.
Esta demanda es por la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado: cuando un servicio que brinda falla o llega de forma tardía, y la responsabilidad es manifiesta.
Lo que más le dolió a Beatriz, a la mamá de Valeria, es que ninguna autoridad se acercó a darle el pésame o darle su apoyo.
La conciliación es obligatoria: apuntamos a que eso sería lo más conveniente. Un magistrado tendría que determinar cuánto vale lo que sucedió. El ministro Bonomi ya dijo que la responsabilidad es de ellos.
Los hijos de Valeria siguen con los abuelos paternos. Ya se presentó una apelación sobre el tema. Ellos están bien y en contacto con la familia materna.
La familia de Valeria Sosa demandará al Estado por 600.000 dólares
Sosa fue asesinada a fines de enero 2017 por su expareja, un policía.
Valeria Sosa fue asesinada el 30 de enero, por su expareja policía. Dos meses después, la defensa de la familia anuncia una demanda contra el Estado por daños y perjuicios.
“Daño moral y lucro cesante por la responsabilidad que tuvieron en algo que se pudo y debió evitar como lo expresa el Ministerio en su página web”, explicó el abogado de la familia de Valeria Sosa, Ignacio Durán.
Valeria había presentado denuncia contra su expareja por violencia doméstica pero en la seccional no siguieron los protocolos previstos para cuando el denunciado es un policía: quitarle el arma de reglamento.
“Esto no se cumplió. La denuncia que hizo Valeria en su oportunidad, tomando la decisión de hacerlo pese a estar amenazada corrió por varias seccionales pero no se siguió el protocolo y no se cumplieron con las exigencias para impedir el desenlace fatal”, agregó Durán.
Una semana después el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que la muerte de Valeria se podía haber evitado si el sistema no hubiera fallado.
“Hay algo que anduvo mal y siento la necesidad de saber por qué el protocolo falló”, dijo Bonomi en aquel entonces.
La demanda, en principio será de 600.000 dólares pero habrá una instancia de diálogo previo con el Ministerio del Interior para evitar llegar a la vía judicial.
“La familia está preocupada porque no quiere que haya una nueva Valeria Sosa, más aún sabiendo que la hija tuvo el coraje de denunciar y falló el protocolo por omisión de los funcionarios policiales”, afirmó el abogado Durán.
Los hijos de Valeria, que presenciaron el asesinato de su padre continúan con la familia paterna. La apelación a esa resolución judicial de tenencia provisoria continúa el trámite y en los próximos meses se expedirá el tribunal.
Asociación de Magistrados emitió nuevo comunicado ante cuestionamientos que han recibido jueces por sus fallos
Aunque no me menciona en particular el caso de la jueza que bloqueó proceso de interrupción de embarazo, hace alusiones sobre normas relacionadas.
La asociación había emitido un primer comunicado el 17 de febrero, cuando eran públicas las críticas a la jueza Iris Vega que dejó a los hijos de Valeria Sosa en custodia de los padres del asesino.
En aquel momento, la gremial señalaba que los fallos son susceptibles de crítica, “pero ella no debe tender al menoscabo personal de los decisores”.
En esos momentos, la Suprema Corte de Justicia investigaba si la jueza Vega había cometido errores formales en el proceso; concluyó que no, por tres votos a uno.
Esa mayoría entendió que la jueza, luego de adoptar la primera decisión solo con la versión policial y por teléfono, revió su actuación y convocó a una audiencia con las partes. No hay omisiones o errores inexcusables, dice la Corte.
En discordancia, el ministro Pérez Manrique creía que debía iniciarse un proceso disciplinario basándose en el informe que había elaborado la dra. Lilián Bendahan.
La ministra designada por la Corte señaló en su informe que la actuación de la jueza Iris Vega, delegando en la Policía la averiguación y el interrogatorio a los niños, fue ilegal.
Ahora, otro caso judicial generó fuerte impacto en la opinión pública. Se trata de la decisión de la jueza Pura Concepción Book de impedir a una mujer abortar en Soriano.
En un nuevo comunicado, la Asociación de Magistrados, si bien no nombra el caso ni a la jueza, transcribe principios aprobados por Naciones Unidas sobre la independencia judicial.
Allí reivindica el respeto y el acatamiento de las decisiones, y rechaza presiones, influencias, alicientes o amenazas, y las intromisiones indebidas o injustificadas.