La normativa establece un horario determinado para cada tipo de local y otras varias obligaciones.
Nueva normativa obligará a boliches y pubs a tener cámaras de seguridad, entrar las sillas y mesas antes a las doce y ofrecer agua gratis.
Fue aprobada por unanimidad en la Junta Departamental de Montevideo y afectará a todos los locales donde se realicen actividades y espectáculos en horario nocturno.
El derecho de admisión estará permitido. Pero los locales que establezcan criterios concretos para limitar el acceso al público deberán colocar en las puertas un cartel que comunique los criterios. “no se admitirán los que se traduzcan en la hipótesis de discriminación”, plantea el decreto.
La normativa establece un horario determinado para cada tipo de local. Mientras que los bailes, discotecas y otros con espectáculos en vivo podrán abrir hasta las seis de la mañana, los bares, pubs y restaurantes tendrán prohibido hacerlo hasta después de las tres.
Sin embargo, las mesas, sillas y tarimas en el exterior podrán permanecer hasta las 24 horas de domingos a jueves y viernes, sábados y vísperas de feriados hasta la 1 y 30 de la madrugada. Esto rige entre abril y octubre. El resto de los meses se permitirá por una hora más.
Todos los locales nocturnos estarán obligados a proveer agua potable de forma gratuita, que deberá estar en lugares accesibles al público.
La Intendencia de Montevideo tiene 120 días para reglamentar el decreto y los dueños de boliches tendrán hasta 120 días para implementar los cambios.
La normativa establece sanciones para el incumplimiento de las medidas, que van desde 20 Unidades Reajustables –unos 20 mil pesos– hasta la clausura del establecimiento en casos de reincidencia.
En tanto, desde el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) aseguran que el nuevo decreto para boliches tiene artículos que son inconstitucionales; así, amenazan con denunciarlo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“Son medidas que son impracticables de llevar a cabo, tanta para la Intendencia, que va a terminar clausurando toda la movida, como para los comerciantes que hoy están haciendo las cosas lo mejor que pueden y todos con permisos que exige la Intendencia. Nos están cambiando las reglas de juego en la mitad del camino”, señalaron a Telemundo.
Los dueños de pequeños bares critican la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad y sensores de sonidos porque tienen costos elevados. Aseguran que “no les corresponde”·
“A nosotros nos causa un perjuicio cierto y real. Hay negocios de poca dimensión y la vida social se genera en la vereda, y con esta normativa desaparecen”, explican.
Asimismo, apuntan que “hoy alquilar un entarimado es más caro que el alquiler del comercio”: “¿Pretenden que a la una y media de la mañana lo cerremos? ¿A todos los parroquianos sentados qué les decimos? ¿Dónde voy a poner esas mesas y sillas? Tendré que cerrar el local”.
En esta línea, el abogado de Cambadu considera que hay varios artículos del decreto que son inconstitucionales:
“La normativa en sí genera toda una problemática en la medida que viola normas claramente como la libertad de circulación, la libertad ambulatoria y la libertad de trabajo. Se va a atacar el decreto y se ira hasta el TCA en caso que la Intendencia no nos dé cabida”.