El exvicepresidente de la Conmebol era investigado desde fines de 2013, pero la Justicia uruguaya necesitó del escándalo internacional de corrupción en la FIFA para poner las cosas en movimiento.
La causa contra Eugenio Figueredo tiene sus orígenes en el descontento de varias instituciones con el manejo de fondos por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en tiempos en que era conducida por el dirigente uruguayo.
El 23 de diciembre de 2013, los abogados Jorge Barrera y Víctor Della Valle presentaron una denuncia contra él en el Juzgado del Crimen Organizado; en aquel momento, fueron varias las instituciones que acompañaron la denuncia: Peñarol, El Tanque Sisley, Miramar Misiones, Cerro Largo, Cerro, Juventud de Las Piedras, Rentistas y Racing. Además, la Mutual Uruguaya de Futbolistas firmaba la denuncia.
La investigación comenzaba por parte de la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, pero de inmediato el esquema de la Conmebol fue ejerciendo presión con amenazas de no poder participar en torneos internacionales y otro tipo de sanciones que tuvieron efecto enseguida. El 16 de febrero de 2014, los denunciantes no ratificaron su denuncia con la excepción de la Mutual, que siguió adelante con el abogado Pablo Barreiro al frente.
El Juzgado del Crimen Organizado ya había comenzado con las indagatorias, y la Fiscalía tenía las herramientas como para seguir adelante. La estrategia de los clubes los amparaba deportivamente, pero no evitaba que el proceso continuara. El 8 de octubre de 2014. Eugenio Figueredo compareció ante el juzgado en calidad de indagado, y no quedó detenido.
Mientras la investigación local avanzaba, el mundo estaba por sorprenderse: en el marco del Congreso Extraordinario de la FIFA en Suiza que tenía como objetivo reelegir a Joseph Blatter como su presidente, algo iba a cambiar las cosas para siempre. El 25 de mayo del 2015, una acción policial suiza terminó con la detención de varios dirigentes de la alta cúpula del órgano rector del fútbol mundial, entre ellos el propio Figueredo. La Policía de los Estados Unidos y la fiscal general Loretta Lynch dieron a conocer una serie de detalles de la investigación que sacudía al balompié, y Figueredo quedó preso, acusado de diversos delitos vinculados con la corrupción y el lavado de dinero. Además, las autoridades de Estados Unidos lo acusaban de falso testimonio en el trámite de su ciudadanía estadounidense.
A partir de ahí comenzaba una pulseada legal para determinar el futuro de Figueredo. Volviendo a la investigación local, se sucedieron las comparecencias ante el Juzgado de Crimen Organizado: el 20 de agosto pasaron en calidad de testigos los presidentes de Nacional y Peñarol, Eduardo Ache y Juan Pedro Damiani; y el 30 de setiembre fue turno de Francisco Casal. Figueredo, desde su detención, mostró disposición a colaborar con la investigación, y el fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez declaró que un posible acuerdo dependía de qué información diera Figueredo.
Así, el 1º de octubre la Justicia Uruguaya pidió su extradición. La abogada, Dra. Karen Pintos, denunció públicamente que la mujer del dirigente futbolístico había sido amenazada.
El 19 de noviembre, Estados Unidos hizo uso de su prioridad y pidió su extradición para ser juzgado en ese país, pero finalmente el 17 de diciembre la Justicia Suiza comunicó su decisión de extraditarlo a Uruguay. Ahora, este 24 de diciembre, el fiscal Juan Gómez pedirá su procesamiento por los delitos de estafa y lavado de activos.
El análisis del periodista de Telemundo José Carlos Álvarez de Ron:
