Se investiga si la actual candidata a la vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su gobierno.
La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner, actual senadora y candidata a la vicepresidencia, será llevada a juicio oral por la causa "cuadernos de la corrupción", una trama de sobornos que involucra a varios exfuncionarios e importantes empresarios.
El juez Claudio Bonadio decidió este viernes que la causa sea elevada a juicio oral y reiteró un pedido de desafuero a Kirchner, quien goza de inmunidad parlamentaria.
El Congreso argentino ha rechazado hasta ahora debatir sobre un retiro de inmunidad parlamentaria a la expresidenta.
La fecha para el comienzo del juicio aún no ha sido fijada.
A Kirchner se la considera como jefa de una asociación ilícita a través de la cual recibía pagos en dólares en efectivo de parte de empresarios que deseaban ganar licitaciones de construcción de obra pública, según la acusación.
Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido exministro de Planificación Federal, Roberto Baratta exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión y José López exsecretario de Obras Públicas que ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva.
La ex presidenta se encuentra actualmente en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 27 de octubre como compañera de fórmula de Alberto Fernández, favorito frente al presidente Mauricio Macri, que busca la reelección.
La causa se basa en una serie de cuadernos de apuntes que llevó durante años un chófer del ministerio de Planificación, en los que anotaba recorridos, nombres de funcionarios y de empresarios y cantidades de dinero trasladado.
La Fiscalía estimó en al menos 160 millones de dólares el monto de los sobornos que también habrían sido pagados entre 2003 y 2007, durante el gobierno de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner.
Kirchner, de 66 años, también está siendo juzgada en otro caso de corrupción, por la supuesta irregularidad en la concesión de licitaciones viales durante su mandato en la provincia de Santa Cruz, feudo de su familia.
Contra la expresidenta están abiertas media docena de causas por corrupción, entre éstas una por lavado de dinero a través de hoteles de la familia, en la que también están acusados sus hijos Máximo y Florencia.
