La resolución del Ministerio de Seguridad autoriza a los agentes a disparar su arma contra un sospechoso sin dar la voz de alto en caso de peligro inminente para ellos o para terceros.
Organizaciones políticas y de derechos humanos se manifestaron en Buenos aires contra la norma que da más libertad a las fuerzas federales para usar armas de fuego con el fin de proteger a los ciudadanos en situaciones de "peligro inminente".
Convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, más de un millar de personas marcharon hasta la céntrica Plaza de Mayo de la capital, donde se celebró un acto que tuvo como principal blanco de las críticas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, identificada con la política calificada de "mano dura" y que ha sido censurada incluso por socios de la coalición oficialista.
La militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú señaló a Efe su "absoluta convicción de que es una decisión política del Gobierno de avanzar todavía más en sus políticas represivas", y que en el último año se ha llegado a "un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías".
Acerca del nuevo protocolo, la activista aseguró que "permite a las fuerzas de seguridad disparar contra cualquier persona, aunque esté desarmada, al solo criterio de los funcionarios, lo cual es dar la impunidad plena a las fuerzas".
La resolución del Ministerio de Seguridad autoriza a los agentes a disparar su arma contra un sospechoso sin dar la voz de alto en caso de peligro inminente para ellos o para terceros; uno de los puntos más criticados es que abriría la puerta a abrir fuego contra sospechosos en fuga.
Por parte del Gobierno argumentan que el protocolo sirve para fortalecer el rol de la policía y sus herramientas para combatir la inseguridad, una demanda creciente en la sociedad.
Verdú cree que "no es habilitando a la Policía a disparar por la espalda a quien está desarmado como se controla la inseguridad, lo que eso genera es inseguridad en cualquier persona que camina por la calle".
La manifestación contó con familiares de fallecidos por disparos de la Policía y víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983), entre ellos Carlos Loza, que estuvo detenido 21 días en 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los mayores centros de represión.
Loza opinó que con la medida el Gobierno hace retroceder al país en materia de derechos humanos y añadió que "viene a consagrar la pena de muerte", que "de hecho" ya se estaba aplicando con las actuaciones de la Policía.
