El hecho se da a pocas horas de que el presidente Nicolás Maduro instale su Asamblea Constituyente, rechazada por la comunidad internacional.
El dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma fue devuelto este viernes a prisión domiciliaria a pocas horas de que el presidente Nicolás Maduro instale su Asamblea Constituyente, rechazada por la comunidad internacional, incluido el Vaticano, que pidió suspenderla.
La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, confirmó en Twitter que "sorpresivamente" fue devuelto a casa, y su hija Oriette declaró que su padre "está bien, no lo maltrataron".
Ledezma, alcalde de Caracas de 62 años, y el líder opositor Leopoldo López (46), fueron llevados el martes a la cárcel militar de Ramo Verde, luego de que la justicia les revocara el arresto domiciliario, acusándolos de planear fugarse y tras hacer llamados contra la Constituyente.
La condena mundial por el encarcelamiento se sumó al rechazo por el proyecto de Maduro, seriamente cuestionado por acusaciones de "fraude" en la elección el pasado domingo de los 545 asambleístas.
El Vaticano pidió este viernes que se suspenda la Constituyente por fomentar "un clima de tensión" e "hipotecar el futuro", lo que ya pidió Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos que la consideran una amenaza a la democracia.
La instalación de la Constituyente se realizará este mediodía en el Palacio Legislativo, centro de Caracas, bajo temores de brotes de violencia con manifestaciones convocadas por la oposición y por el gobierno. Cientos de seguidores de Maduro ya festejaban en las cercanías.
Los asambleístas sesionarán en el salón elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento de mayoría opositora, lo que prevé tensiones.
Maduro afirma que su proyecto traerá paz a un país convulsionado por protestas que dejan unos 125 muertos en cuatro meses, y lo sacará de la crisis económica que agobia a los venezolanos con una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una brutal inflación.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera la Constituyente un "fraude" con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.
- "¡Fraude!" -
Dos día antes de la instalación, la empresa Smartmatic, que dio soporte tecnológico a los comicios, desató un escándalo al denunciar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "manipuló" la cifra de votantes.
Según el CNE, sufragaron ocho millones de electores, un millón más de lo que calcula Smartmatic, en unos comicios donde la asistencia era clave, pues la MUD asegura que logró el 16 de julio 7,6 millones de votos en un plebiscito simbólico contra la Constituyente.
La denuncia golpeó aún más su legitimidad cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo y porque su sistema comicial, según los opositores, favorecía el control al gobierno.
El lunes, un día después de la elección, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama "dictador", tras hacerlo la semana pasada con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.
Maduro denuncia una campaña "del enemigo internacional" comandada por Estados Unidos y que siguen "gobiernos neoliberales de derecha serviles al imperialismo".
La crisis venezolana será tratada por los cancilleres del Mercosur en Brasil el sábado y por ministros del continente en Perú la semana próxima.
- "Un salvavidas" -
Un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% su Constituyente, según la encuestadora Datanálisis. Pero el presidente contó con el apoyo de los poderes judicial, electoral y militar para llevar a puerto su proyecto.
Pesos pesados del oficialismo capitanean el barco, entre ellos el poderoso dirigente Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores y la beligerante excanciller Delcy Rodríguez, de entre quienes podría salir el presidente de la Constituyente.
"Más que cambiar la Constitución, el objetivo es gobernar sin límites. Es el mecanismo de autocratización del gobierno (...), su salvavidas", declaró a AFP el analista Benigno Alarcón.
El proyecto avivó las protestas y fracturó al chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, lo considera un "cheque en blanco" para satisfacer una "ambición dictatorial".
Ortega, quien abrió una investigación sobre el supuesto fraude, pidió a la justicia anular la instalación de los asambleístas, lo que previsiblemente será desestimado como todos los recursos que presentó contra la Constituyente.
El gobierno ha advertido que la Constituyente, encargada de sustituir con un nuevo texto la Carta Magna de 1999 impulsada por Hugo Chávez -fallecido en 2013-, se ocupará de la fiscal y los parlamentarios y dirigentes opositores.
En plena tensión, un magistrado nombrado por el Parlamento fue arrestado, otros seis se refugiaron en la embajada de Chile, y Panamá le concedió asilo a otros dos este viernes.
"Viene un aumento de la conflictividad frente a un proyecto impuesto a la fuerza", aseguró a la AFP la analista Colette Capriles.
Aunque Maduro prometió que la nueva Carta Magna será sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones de aplicación inmediata. Más incertidumbre se cierne sobre Venezuela.
(AFP)
