El presidente afirmó que los intentos de la oposición por acortar su gobierno no tendrán éxito.
Tras sufrir una derrota muy dura en las elecciones legislativas de diciembre pasado, el chavismo viene combatiendo a varios frentes para contener la crisis económica y política que azota a Venezuela. Sumado a los problemas de desabastecimiento de alimentos, la crisis energética que llevó a dar como libres los tres últimos días de la semana en la administración pública y los roces con el secretario general de la OEA Luis Almagro, el presidente Nicolás Maduro tiene que lidiar con una oposición que controla con enorme mayoría el Parlamento.
Recientemente decretó el estado de emergencia económica para darle más poderes a su cargo, y el fin de semana pasado directamente decretó el estado de excepción, con la noticia de que los opositores alcanzarían las firmas para llamar a un referéndum que podría revocarlo de la presidencia antes de tiempo. Este decreto otorga superpoderes al presidente que van más allá de los desplegados por Hugo Chávez con sus leyes habilitantes. El miércoles, opositores se manifestaron contra esa medida del gobierno, a la vez que se supo que altos dirigentes del chavismo no pensaban permitir que se celebrara la consulta popular.
El propio Maduro aludió al asunto desde el palacio presidencial de Miraflores y denunció lo que considera una campaña mediática sin límites desde el exterior del país para propiciar el odio contra Venezuela.
"Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución [bolivariana] y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política histórica, y ninguna va a tener éxito", afirmó Maduro.
Mientras tanto, el líder opositor Henrique Capriles llamó a los venezolanos a ignorar el estado de excepción. Gracias a este, Maduro puede determinar corralitos financieros, utilizar a las fuerzas militares y populares para mantener el orden público y distribuir alimentos, suspender las mociones de censura contra sus ministros, firmar contratos y convenios pasando por encima del Parlamento, decidir cómo gastar las divisas del país, suspender financiamientos a quien considere que está desestabilizando al gobierno, y garantizar el ejercicio absoluto de la soberanía.
