La comparecencia de la titular de Defensa Nacional es desde las 9:30 horas.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, es interpelada este miércoles en el Senado de la República por la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas encargadas al astillero español Cardama y la denuncia de fraude hecha por el gobierno. El senador interpelante, el exministro de Defensa Nacional y legislador blanco Javier García, acusó al gobierno de una acción “ilegítima y por razones políticas”, que “pone en riesgo la credibilidad de Uruguay”. En tanto, la ministra cuestionó a la oposición por intentar "instalar un relato" de una actitud "antipatriótica" del gobierno.
Tras la decisión del gobierno de buscar rescindir el contrato con el astillero español luego de constatar irregularidades en una de las garantías que posibilitaron la firma del contrato en la pasada administración, la ministra Lazo comparece este miércoles en el Parlamento para ser interpelada por García, quien fue ministro de Defensa en el gobierno anterior, cuando el presidente Luis Lacalle Pou firmó el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas. Ante la constatación de irregularidades en una de las garantías presentadas por el astillero, el gobierno ya hizo una denuncia en Fiscalía por un presunto delito de fraude.
Lazo: "Se ha intentado instalar un cierto relato según el cual el cuestionar el proceso que de compra de las OPV constituye una suerte de actitud antipatriótica"
En su exposición inicial, la ministra Lazo comenzó por cuestionar “qué provoca” la interpelación a la que fue convocada.
“¿Qué provoca hoy esta interpelación? ¿Es acaso cuestionar que el Estado, ante la flagrante y burda estafa a la que se ha visto sometida el pueblo uruguayo, haya enérgicamente reaccionado en defensa del interés público y adoptado la decisión de promover las acciones que son propias de un estado de derecho? ¿se pretendía quizás que el Estado uruguayo pasivamente mirase para el costado como si nada hubiera ocurrido y simplemente siguiera adelante con la ejecución de un importante contrato, que además supone un esfuerzo enorme para los contribuyentes?”, se preguntó.
A su modo de ver, el gobierno, al buscar rescindir el contrato con Cardama, buscó “defender” al Uruguay. “Nos adelantamos a decir para despejar cualquier atisbo de duda que el Poder Ejecutiva ante el escándalo mayúsculo derivado de los gravísimos indicios de irregularidades vinculadas con la garantía de cumplimiento de un contrato importante y oneroso, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial-penal y mandatar para que los organismos del Estado competentes promuevan todas las acciones para la protección, defensa y eventual resarcimiento del Uruguay”, apuntó.
Además, cuestionó que la oposición intente “instalar un relato” que plantea que es “antipatriótico” el haber rescindido el contrato con el astillero, bajo el entendido de que esa acción aleja la posibilidad de que el país cuente con patrullas oceánicas.
“Se ha intentado instalar un cierto relato según el cual el cuestionar, más allá de los muy serios motivos para ello, el proceso que culminó con la compra directa de las OPV y toda su posterior etapa de ejecución del contrato, y muy especialmente el affaire de la vergonzosa garantía de fiel cumplimiento aceptada por la anterior administración, constituye una suerte de actitud antipatriótica y contraria a la imperiosa necesidad de contar con los medios navales para el ejercicio de nuestra soberanía nacional. O peor: que las más que razonable y mesurada acción del gobierno al decidir, en salvaguarda del interés nacional, inciar todas las acciones que por derecho pudieran corresponder, de alguna manera estuviera propiciando ante la actual falta de un control efectivo en aguas de nuestra soberanía el desarrollo de actividades ilícitas, como la pesca ilegal y el narcotráfico”, afirmó.
“No hay nadie, ni la propia ministra, ni el equipo de gobierno, ni la propia fuerza política a la que pertenezco, que sea contrario a la imperiosa e impostergable necesidad de desarrollar de manera efectiva el sector de nuestro amplio sector marítimo de soberanía”, indicó la ministra.
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García: “A 10 días de que se firme el acuerdo entre el Mercosur y la UE, el primer mensaje de Uruguay va a ser rescindir un contrato con España”
En el comienzo de su alocución, el miembro interpelante planteó que el tema de fondo sobre el contrato con Cardama es si Uruguay avanza o no en cortar con patrullas oceánicas que permitan “proteger su mar” ante el crimen organizado.
“Hoy hablaremos un buen rato de barcos, de procesos constructivos, de OPVs; en verdad, de lo que vamos a hablar es de la seguridad del Uruguay. Vamos a definir si Uruguay va a proteger su mar frente al crimen organizado y el narcotráfico, si tendrán todo el mar libre o si por primera vez en la historia vamos a tener la capacidad de prevenir y reprimir el narcotráfico en el mar”, afirmó.
Con todo, García consideró que la decisión del gobierno de Orsi de rescindir el contrato con Cardama llega en un mal momento: a días de que pueda refrendarse el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
“A 10 días teóricos, ojalá se dé, de que se firme el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el primer mensaje del gobierno de Uruguay va a ser rescindir un contrato con el principal socio que tiene Uruguay en Europa, que es España. Y rescindir un contrato de forma ilegítima, por razones políticas, poniendo en riesgo la credibilidad del Uruguay”, afirmó.
A su forma de ver, el accionar del gobierno uruguayo en este caso termina por configurar una “forma indirecta de lograr el objetivo de desmantelar a las Fuerzas Armadas”.
“En esta decisión hay cuestiones políticas e ideológicas, que terminan poniendo en riesgo la seguridad del país y de los uruguayos”, dijo, y agregó: “Esto además se inscribe en la empresa demoliciones que ha instalado el gobierno del Frente Amplio respecto a los avances y logros del gobierno de Luis Lacalle Pou”.
El senador blanco también criticó que la dilación en contar con patrullas oceánicas también perjudica la defensa de la industria pesquera uruguaya. “Estamos dejando regalados y sin laburo a los pescadores uruguayos”, afirmó, y mostró imágenes de cómo barcos de bandera extranjera pescan de forma ilegal en aguas uruguayas sin que haya buques de la Armada que “puedan ir a correrlos”.
Además, García también cuestionó que durante los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio no se hayan comprado patrullas oceánicas: “Estuvieron 15 años en el gobierno y no compraron las patrullas oceánicas. Fue por falta de decisión política. Estuvieron 15 años haciendo turismo de astilleros. Los lobbys económicos, los lobbys empresariales y los intereses geopolíticos fueron más fuertes que las decisiones políticas y los intereses de Uruguay. La plata y las empresas pudieron más que los intereses del país y las decisiones sobernas del gobierno. En 15 años, los intereses empresariales le torcieron la mano a las decisiones legítimas que un gobierno debió haber tomado".
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