Los procesos penales, que demoraban de 13 a 18 meses, ahora tienen duración promedio de un mes.
Este viernes se cumplen dos años de la puesta en práctica del nuevo proceso penal, por el cual el sistema de Justicia pasó de un régimen inquisitivo a uno acusatorio.
La responsabilidad de la investigación penal recae sobre los equipos fiscales con el auxilio de la Policía, y ya no en el juez que pasó a ser un tercero imparcial que resuelve el conflicto.
El sistema permite el ingreso de la ciudadanía y de la prensa a las audiencias que resulten de interés, salvo casos excepcionales que estén debidamente fundados.
Según datos incluidos en este video que difundió la Fiscalía, también se ganó en eficacia.
En el primer semestre de 2019 se lograron casi 9 % más imputaciones que en el mismo período de 2017. En junio la cantidad de reclusos superó los 11.000, igualando la cifra anterior al nuevo código.
La duración de los procesos penales se acortó notoriamente: pasó de un promedio de entre 13 y 18 meses, a menos de un mes.
Otro objetivo de la reforma fue disminuir la cantidad de presos sin condena, un problema que había merecido cuestionamientos internacionales a Uruguay. Hoy dos de cada tres presos tienen condena, mientras que antes era solamente uno.
La Fiscalía también destaca que los 27 técnicos que trabajan con los fiscales, han atendido en estos dos años a más de 2.500 víctimas y testigos.
Se promovió la incorporación de abordajes con perspectiva de género, el desarrollo tecnológico y la coordinación con otros países para combatir el crimen trasnacional.
