El asesor de seguridad del Partido Nacional dijo que "hay una falta de autoridad que está generando una crisis de seguridad".
Álvaro Garcé, asesor del Partido Nacional en seguridad y ex comisionado parlamentario por las cárceles, dijo que la premisa del congreso del sector Todos de este fin de semana fue que la seguridad está en una situación "muy complicada" y ha tenido un deterioro "objetivo" en los últimos meses, esto a partir de las cifras del Ministerio del Interior y del ánimo de la ciudadanía.
Garcé dijo que es "notoria la inseguridad y el temor" que afectan a la libertad de las personas.
Sobre la propuesta de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, de recurrir a militares para tareas de seguridad pública, dijo que la entiende porque su familia es de Minas y con la cantidad de muertes en los últimos meses allí se está viviendo "una situación de conmoción", pero que no está de acuerdo en utilizar a los militares para tareas que competen a la Policía.
"Nosotros valoramos el papel del Ministerio de Defensa contribuyendo a la seguridad pública, como lo viene haciendo hace tiempo, por ejemplo en el perímetro de las cárceles".
Respecto al patrullaje y la represión del delito opinó que "hay que ir con mucho cuidado y analizar muy bien el grado de colaboración que puede tener -el Ejército- en tareas internas". "El mantenimiento de la tranquilidad y la paz pública es un cometido del Poder Ejecutivo".
Garcé reflexionó que es el Ministerio del Interior el que tiene la responsabilidad de darle a la ciudadanía garantías y protección, "lo cual no está ocurriendo", sentenció.
Sobre las propuestas del sector de Lacalle Pou en materia de seguridad, resaltó la de darle a la Policía más garantías. Mencionó algunas propuestas concretas como la legítima defensa policial presunta. "En situaciones donde los cuerpos policiales tienen que hacer uso del arma de fuego es posible presumir, admitiendo la prueba en contrario, que actuó correctamente. Admitir la prueba en contrario implica no ingresar en una lógica de gatillo fácil", explicó.
Garcé opina que esta medida le daría al policía "la seguridad y el respaldo que precisa en un momento crítico". También afirmó que hay sectores del cuerpo policial "desmoralizados" porque ven que "los que han ganado terreno son los delincuentes".
"Los policías tienen la duda de si disparar o no".
"El Estado le está dando facilidades al crimen organizado", aseguró Garcé. En las cárceles "hay personas procesadas por participar de redes de crimen organizado y tienen celular. Continúan trabajando desde la propia cárcel", aseveró.
"Hay una falta de autoridad que está generando un riesgo de crisis de seguridad".
Respecto a la construcción del megapenal en Punta de Rieles, de participación público-privada, opinó: "El proyecto de Punta de Rieles es el modelo de lo que no se debe hacer, el modelo de lo que ya no se construye en el mundo, el modelo de una construcción enorme e ineficiente. Las reglas internacionales indican que no se deben construir establecimientos de más de 500 plazas, aquí se multiplicó por cuatro. Se construyó caro y mal".
"Nuestras cárceles han servido como escuelas del delito y no como escuelas de rehabilitación".
También expresó que por parte del Ministerio del Interior "Hay una falta de sensibilidad frente a propuestas que deberían estar ya instrumentadas".
