Desde el Ministerio de Trabajo y del Banco de Previsión Social se entiende que hay que mejorar el control de las contrapartidas, pero para eso se necesita más información y cruzamiento de datos.
El presidente del BPS dijo que se realizan acciones parciales y que en los últimos años se dieron de baja 40.000 asignaciones familiares, pero que no hay un sistema permanente y cruzado que verifique, por ejemplo, si el beneficiario está yendo a clases.
“No se ha logrado que desde los organismos de enseñanza recibamos periódicamente la información correspondiente para poder chequearla”, expresó Murro.
El 62% de los menores de 18 años del país cobra asignación familiar, pero también existen otros beneficios que el gobierno quiere confirmar si se cumplen las contrapartidas.
Brenta señaló que esta situación “tiene que ver con las garantías de asistencia sanitaria correspondiente, asistencia a la educación” y que estos son elementos sobre lo que hay que avanzar para asegurar “estas tareas y no convertir a sectores de la población en simples beneficiarios de políticas sociales, en un mercado de trabajo que brinda múltiples oportunidades”.