El abogado Jorge Barrera remarcó que “tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Apelaciones son muy claros y contundentes en cuanto a los hechos, las responsabilidades, el grado de participación de cada uno”.
El Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó en las últimas horas la sentencia para los condenados por el caso de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol asesinado por barras de Nacional en la plaza de Santa Lucía (Canelones) en 2016. La sentencia no se expide sobre si tienen que volver o no a la cárcel, por lo que será la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la que resolverá si le concede la libertad condicional o no a los 16 condenados.
La sentencia de primera instancia condenó a varios hinchas de Nacional por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, varios delitos de lesiones personales y tráfico de armas. Los involucrados en el homicidio recibieron una condena máxima de 25 años y seis meses de prisión, y un mínimo de 23 años, a lo que se debe descontar el tiempo que pasaron detenidos y en prisión preventiva. Otro hincha de Nacional fue condenado por hurto a dos años de penitenciaría. Sin embargo, 12 de los 16 hinchas condenados que estaban excarcelados provisionalmente no fueron a prisión y permanecieron en esa modalidad, como se encontraban desde diciembre de 2018.
¿Cuál es ahora el panorama ante la confirmación del Tribunal de Apelaciones? En diálogo con Telemundo, el abogado de la familia de Hernán Fiorito, Jorge Barrera, explicó qué significa esta ratificación.
“El Tribunal de Apelaciones decidió ratificar la sentencia de primera instancia, en la que se condenaba por los hechos que generaron la muerte de Hernán Fiorito. Desde lo jurídico, el tribunal confirma lo que ya el juez de primera instancia había determinado, que era la responsabilidad y la pena para cada uno de los intervinientes en el asesinato de Hernán”, señaló Barrera.
En ese sentido, Barrera remarcó que “tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Apelaciones son muy claros y contundentes en cuanto a los hechos, las responsabilidades, el grado de participación de cada uno”.
Ahora, desde el punto de vista jurídico, el escenario que se plantea es la posible presentación o no de un recurso de casación frente a la SCJ, un mecanismo que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones. “Para ello hay 15 días hábiles. De acontecer esa circunstancia, será luego por aplicación del Código viejo que la Suprema Corte de Justicia deberá determinar si se otorga o no la libertad condicional”, apuntó Barrera.
“Los que se encuentran en libertad seguirán en libertad”, dijo Barrera, y agregó: “Eso se debe a un horror por parte de la Fiscalía, quien les dio la libertad en primera instancia. No estaban las condiciones para que se otorgara la libertad. Hasta que no esté ejecutoriada como establece el Código anterior, recién será la Suprema Corte de Justicia quien determinará si se otorga o no la libertad condicional por el resto de la pena que falta cumplir”.
Por lo tanto, remarcó Barrera, ahora “la Suprema Corte de Justicia tiene la palabra” en el caso. “Es imposible dar una fecha determinada en tiempos judiciales. Veremos primero si acceden o no a la casación. Luego, tendrá que expedirse sobre la libertad condicional”, agregó.
Consultado sobre cómo toma la familia de Fiorito estas novedades a nivel judicial, Barrera respondió: “Dos sentimientos tiene la familia: paz, porque esta sentencia mitiga el dolor; y por otro lado, impotencia, porque no cabe duda de que si se aplicara el nuevo Código cumplirían el saldo en prisión. Aspiramos a que la Suprema Corte de Justicia no otorgue la libertad condicional”.
