Desde el instituto del menor se afirma que es complejo conseguir pruebas.
En octubre del año pasado, cuando la justicia uruguaya dispuso que debía cumplirse con la restitución de la niña a España, el INAU se manifestó contrario a esa decisión.
En un comunicado afirmó entonces que “tanto la niña como su madre fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España y es en Uruguay que se encuentra la red familiar, social y de atención de su salud.
La pérdida de este apoyo afecta directamente el desarrollo integral de la niña y las expone a una revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identifica con experiencias de violencia.
Además, el INAU sostuvo que la niña y la madre no deberían ser enviadas donde se encuentra el agresor –refiriéndose al padre– en tanto se está perpetuando la violencia y poniendo en riesgo su vida e integridad.
Once meses después de este comunicado, la justicia española determinó que el padre es inocente, que no hubo abuso sexual ni violencia doméstica y que se investigará a la madre por denuncia falsa.
