El gremio entró en un cuarto intermedio hasta el mediodía de este jueves, para luego comunicar si efectivamente se lleva adelante la firma o no.
El pasado miércoles los dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) habían resuelto aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo, que incluía una fórmula para lograr la recuperación salarial dentro del sector.
Sin embargo, horas más tarde el sindicato dio marcha atrás y decidió no llevar adelante el acuerdo. Los argumentos del gremio es que el Ejecutivo redactó artículos de la Rendición de Cuentas, vinculados a las condiciones laborales y a la carrera administrativa, que no estaban previstos. "El problema son con casi de 40 artículos que hablan de la carrera funcional, de todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos que nos los conocemos", dijo Martín Pereira, del gremio.
“Nos enteramos medio de rebote que en la Rendición de Cuentas van una serie de artículos vinculados a la carrera administrativa, con lo cual nosotros no hemos tenido ningún contacto, no ha habido negociación colectiva, ni los conocemos, y algunos de ellos pueden generar alguna complicación”, expresó por su parte el secretario general de COFE, Joselo López.
COFE entró en un cuarto intermedio hasta este mediodía, para evaluar el articulado que incluyó el gobierno y así decidir si efectivamente firma el acuerdo. “Frente a esa situación quedó abierto un cuarto intermedio hasta las 12:00 del mediodía, en el cual se nos va a plantear de qué tratan. Si esos artículos no van, firmamos. Si van algunos y nosotros coincidimos con ellos, también firmamos. Pero si quieren meter todos sin negociar con COFE, no vamos a firmar nada”, agregó López.
Pereira dijo además que se "está incumpliendo nuevamente por parte de este gobierno la ley de negociación colectiva", dado que aún no conocen en su totalidad los puntos de la Rendición de Cuentas que abarcan a los funcionarios públicos.
El acuerdo de recuperación salarial entre los trabajadores públicos y el gobierno ha llevado varios meses de negociación. El Ejecutivo en primer instancia sostenía que la pérdida salarial de los públicos era de 2,9%, al medir en base al Índice Medio de Salarios y no con el Índice de Precios al Consumo (inflación), como se calculaba anteriormente y que mostraba una caída de 6%.
