El Gobierno uruguayo finalmente rechazó brindarle asilo porque no consideró que hubiera persecución política al expresidente.
Tras 16 días de estar quedándose en la embajada uruguaya en Lima, el expresidente peruano Alan García debió irse luego de que el Gobierno uruguayo le negara asilo por entender que no había persecución política en la investigación que se le hace por presunto tráfico de influencias.
García llegó a Lima el 15 de noviembre desde España. Iba a ampliar su declaración sobre el caso del metro de Lima, en el marco de investigaciones por presunto tráfico de influencias. El fiscal Domingo Pérez pidió al juez de la causa que le impidiera a García salir del país por 18 meses. Tras la audiencia, García dijo que no era una sanción estar un año y medio en su patria.
Sin embargo, tras conocer la decisión judicial, el expresidente fue a la embajada de Uruguay y pidió asilo afirmando que sufría persecución política. Desde entonces estuvo en la residencia del embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros. El vicecanciller uruguayo Ariel Bergamino en su momento explicó que se evaluó el pedido en base a la Convención de Caracas.
Simpatizantes y detractores se manifestaron afuera de la embajada en Lima. El 20 de noviembre, el gobierno del Perú entregó al uruguayo documentos sobre la situación legal de García.
El 27 de noviembre, el presidente Martín Vizcarra dijo esperar con tranquilidad la decisión de Uruguay.
