“Tenemos una serie de delitos contra la administración pública, aparentemente”, dijo el diputado Gustavo Salle de Identidad Soberana.
Los partidos Colorado, Nacional e Identidad Soberana presentarán una denuncia penal por la compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores en Florida. “Tenemos una serie de delitos contra la administración pública, aparentemente”, dijo el diputado Gustavo Salle de Identidad Soberana.
La compra de María Dolores sigue abriendo frentes de polémica. Luego de una interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y de una investigadora parlamentaria que todavía no se ha terminado de concretar -su definición quedó para luego del Presupuesto-, la oposición llevará el caso a la órbita judicial, en pos de que se investiguen posibles delitos vinculados a “corrupción”.
“El equipo técnico del Partido Colorado, el Partido Nacional e Identidad Soberana entiende que esta contratación es una contratación que tiene elementos de sospecha de aparente conducta delictiva. Frente a una conducta aparentemente delictiva, y frente al hecho de que una investigadora parlamentaria se dilató, nosotros dijimos que la parte penal es independiente y la vamos a llevar adelante. Identidad Soberana va a denunciar; el Partido Colorado y el Partido Nacional entendieron que había elementos para efectuar esa denuncia y acompañan, y actuamos en conjunto en este punto para llevar ante la Fiscalía, pero como están dando hora para octubre, vamos a un juzgado para que actúe como delivery, reciba la denuncia y se la lleve a la Fiscalía que corresponda. Ahí comenzará una investigación”, afirmó este jueves el diputado Salle en rueda de prensa.
El Instituto Nacional de Colonización firmó la escritura de la estancia María Dolores
En concreto, el informe del que habla Salle sugiere que en la órbita judicial se investiguen los presuntos delitos de falsificación ideológica, fraude, conjunción del interés público con el privado y abuso de funciones.
“Hay un tema muy importante, que es un elemento objetivo. Hay un acta del Instituto Nacional de Colonización que se compromete a formalizar la compra-venta ad referendum de lo que diga el dictamen técnico del Tribunal de Cuentas. El tribunal lo observa y dice que esta compra no es legal. Esto quiere decir que se comprometió a esperar a ver qué dice el tribunal; si dice que no, no se hace. Pero dijo que no e igual se hizo: ahí ya hay un elemento objetivo, documentado, de que hubo un apartamiento del comportamiento anunciado”, apuntó Salle.
Con todo, el legislador dijo que su objetivo es “luchar contra la corrupción pública”: “El delincuente más peligroso que tiene el Uruguay es el Estado. El Estado saque al uruguayo por corrupción”.