Todo parte de una denuncia por acoso laboral presentada por el capitán Nelson Duarte, más conocido como teniente Duarte, contra los exministros García y Armando Castaingdebat y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, entre otros funcionarios.
La conducta de uno de los más duros opositores al gobierno, el senador nacionalista Javier García, tendrá que ser evaluada en breve por dos dependencias del actual gobierno: el Ministerio de Defensa y la Inspección General del Trabajo.
Todo parte de una denuncia por acoso laboral presentada por el capitán Nelson Duarte, más conocido como teniente Duarte, contra los exministros García y Armando Castaingdebat y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, entre otros funcionarios.
Duarte se presentó ante la Inspección General del Trabajo el 11 de diciembre de 2023.
La Inspección General del Trabajo intimó al Ministerio de Defensa a hacer una investigación administrativa interna para saber si Duarte fue acosado o no.
El ministerio recién comenzó a hacerla en enero de 2025.
Duarte hizo una denuncia sobre graves irregularidades en 2014, que recién concluyó en 2020. Se comprobó que buena parte de lo denunciado era cierto, pero el más perjudicado fue el propio Duarte que comenzó a sufrir sanciones, infinidad de traslados y ya no logró ascender.
Y en 2020 hace una segunda denuncia, sobre hechos ocurridos en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército. Filmó descarga de cargamentos de presunto contrabando en el escritorio del jefe.
A raíz de esa denuncia, y desde setiembre de 2021, se lo obligó a permanecer en su casa, sin presentarse a trabajar.
Del expediente al que tuvo acceso Telemundo, queda claro que esa situación se dio por una orden verbal del entonces ministro García.
Y según las juristas que han analizado el caso, y no han coincidido, ahí está la clave de si hubo acoso o no.
La instructora de la investigación administrativa fue la doctora Alicia Fagúndez.
García reconoció haber dado esa orden y dijo que fue una medida cautelar para proteger a Duarte.
Fagúndez concluyó que no se logran probar los hechos denunciados respecto al acoso laboral: “La medida cautelar no contó con la fundamentación adecuada a derecho”.
Eso le impidió defenderse a Duarte y demostrar el error, violó el principio del debido proceso. Además, la esencia de una medida cautelar es que tiene siempre un plazo: “No pueden ser con plazo sine die.”
Las conclusiones de Fajardo pasaron a consideración de una asesora jurídica del ministerio, Daiana Maldonado, que entiende que sí hubo acoso moral de García hacia Duarte.
El acoso moral es una de las formas del acoso laboral.
Las órdenes de no ir a trabajar durante tres años, sin plazos, sin asignación de tareas, fueron degradantes, tuvieron impacto psicológico, fueron reiteradas, abusivas y configuran acoso moral.
García recibió vista de este dictamen y alegó que la orden verbal le fue explicada a Duarte que pudo haber recurrido por vía administrativa y no lo hizo.
Tras los descargos de García se eleva el caso a otra asesora legal, la abogada Romina Soria.
Soria concluyó que no hubo acoso laboral, pero sí un “exceso en el ejercicio del poder de dirección” por parte de García.
La jefa de jurídica, abogada Carolina Grosso, compartió las conclusiones de Soria:
-no se configuró acoso laboral
-hubo un exceso en el ejercicio del poder de dirección y del Ius Variandi, "debido a la prolongación en el tiempo de la medida adoptada (…) en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la misma”.
Falta la respuesta de Duarte. Luego habrá una conclusión final. Esto se elevará a la ministra Sandra Lazo y luego debe volver a la Inspección General del Trabajo.
Si la Inspección General no comparte cómo se hizo la investigación, o sus conclusiones, puede hacer la propia.
El inspector general del Trabajo es Luis Puig.