Señala además que las condiciones en las que se mantienen a los reclusos 'es un retroceso del derecho penitenciario'.
El mecanismo de prevención de tortura de la Institución de Derechos Humanos realizó dos visitas al módulo 12 del Comcar en agosto y diciembre del año pasado.
El equipo encabezado por la Mirtha Guianze intervino para verificar el cumplimiento de recomendaciones que había hecho a mediados del 2016.
En ese momento habían sido derivados a ese lugar delincuentes procesados por un secuestro, con otros reclusos traídos de varios centros considerados peligrosos.
A todos se les aplicó un régimen de reclusión diferente al resto del sistema para que estuvieran aislados.
La Institución de Derechos Humanos señala que no tuvo acceso a los informes de evaluación y clasificación de los internos debido a la falta de información y a que fue confuso determinar quiénes eran los responsables del lugar.
El 20 de diciembre la asesoría penitenciaria informa que en el módulo 12 había un condenado por homicidio y 28 personas procesadas por diferentes tipos de delitos: homicidio, secuestro, rapiña, lesiones, copamiento, estupefacientes, violencia privada e incendio.
Sin embargo en la visita realizada una semana antes se había constatado una población de 40 internos.
El informe denuncia además restricciones para que los reclusos accedan a artículos que llevan sus familiares. Faltan artículos de higiene y como no se permite ingresar alimentos, hay tensiones porque la comida brindada por la unidad no es adecuada, es de muy mala calidad y difícil de ingerir.
En la policlínica los atienden esposados y salen al patio de a dos, una hora cada recluso.
No hay asistencia psicosocial. Hay quejas sobre las requisas y las fallas en las cámaras de filmación no permiten dar garantías sobre los procedimientos.
“No hay justificación jurídica para sostener este tipo de régimen excepcional, que además no se basa en perfiles ni evaluaciones”, dice el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
“Colide con la vigencia de los derechos humanos en Uruguay, es un retroceso en materia del derecho penitenciario y su prolongación en el tiempo provoca efectos nocivos y devastadores. La permanencia de internos por largos períodos de tiempo en estas condiciones puede significar la violación a la prohibición de torturas y otros malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes”, concluye.
