La megaestafa, comprobada en 2017, involucraba a más de 200 empresas que emitían facturas falsas.
Dos escribanos lideraban las sociedades de papel que permitieron a más de 200 empresas evadir impuestos durante años. Tras desmantelarse la operativa, prosiguieron varias inspecciones que derivaron en el cobro por parte de la DGI de unos 80 millones de dólares hasta ahora, informó El País.
Los profesionales al frente de las sociedades de papel, que fueron procesados con prisión, emitían facturas de compras inexistentes a terceras firmas.
Por este caso, la DGI ya concretó 321 reliquidaciones y aún hay en curso 82 investigaciones, que derivarían en la recaudación de sumas adicionales por la evasión de tributos.
La maniobra fue descubierta en 2014 y a fines de 2015 se formalizó la denuncia. En 2016 la DGI realizó cuatro allanamientos, investigó imprentas y detectó a los distribuidores de las facturas falsas. En 2017 la Justicia procesó a los involucrados.
