Tras conocerse la carta remitida al canciller Francisco Bustillo, el senador señaló que "los organismos internacionales tienen una particular tendencia a opinar sin conocer hechos y realidades de cada país".
Cinco relatores especiales de Naciones Unidas enviaron este martes una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, para expresar "profunda preocupación" por un proyecto de ley de Cabildo Abierto.
Se trata de la iniciativa para dar prisión domiciliaria a delincuentes primarios mayores de 65 años, que entre otros aspectos habilitaría la salida de los reclusos presos en Domingo Arena por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985). En este sentido, los relatores señalaron que si la ley se aprobara tal cual proponen los cabildantes, quedarían en libertad personas que cometieron "graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.
Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto y coautor de la iniciativa, desestimó en diálogo con El Observador los cuestionamientos y sostuvo que que los relatores de Naciones Unidas seguramente sean "burócratas bien pagados" que hablan desde la "supina ignorancia". Señaló que "los organismos internacionales tienen una particular tendencia a opinar sin conocer hechos y realidades de cada país".
Por su parte, el senador Guido Manini Ríos señaló en Twitter que se debe "velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos, sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo".
Uno de los pilares del artiguismo, tan vigente hoy como hace dos siglos, es el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Hablando claro: velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos, sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo... pic.twitter.com/RZvjLOSVR9
— Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) November 17, 2021
En el documento, los representantes de Naciones Unidas indicaron que “el derecho internacional impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad". "La comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de ciertas normas de derecho, como son los beneficios procesales, a fin de luchar contra la impunidad y evitar que estas normas se conviertan en un obstáculo contra la justicia”, explicaron.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto prevé que no puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria aquellos reclusos que hayan cometido algún delito contemplado en la ley 18.026, que tipifica los delitos vinculados con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, siempre y cuando hayan delinquido luego de la entrada en vigencia de la norma, que se aprobó el 25 de setiembre de 2006.
Al hacer esta distinción, aseguraron los relatores, se "permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional".
Por otra parte, descartaron que en estos casos haya un argumento sanitario por la pandemia de Covid-19, como han planteado los defensores de la iniciativa. Los especialistas aseguraron que estos reclusos "son sometidos a dispositivos específicos de seguridad que evitan el hacinamiento o contacto masivo con otras personas reclusa", por lo que "no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total".
Los autores de la carta son: Fabian Salvioli (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición); Luciano Hazan (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias); Morris Tidball-Binz (relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias); Tlaleng Mofokeng (relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental); y Nils Melzer (relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes).
