Consideran que con la norma se impulsa un desarme civil encubierto.
Según informó el diario El País, solo uno de los recursos presentados sumó más de 1.000 firmas.
Desde la Asociación de Tenedores Responsables de Armas de Fuego dijeron a Telemundo que la intención es defender al ciudadano de a pie, que tiene un arma para defensa o conserva una de un antepasado y al que ahora se le va a hacer prácticamente imposible cumplir con todos los requisitos que establece la reglamentación.
Uno de los argumentos que esgrimen quienes rechazan el decreto es que de las 650.000 armas que se estima hay en el país, aproximadamente la mitad tienen todos los papeles en regla por lo que, de acuerdo a la ley, el resto deberá ser entregado al Servicio de Armamento del Ejército para su destrucción, lo que afecta el derecho a la propiedad.
Además, para cada arma existente se exige hacer una prueba balística, pero actualmente el Estado no dispuso el lugar ni el personal para poder completar este requisito.
