Alegó que era un perseguido político. El gobierno analizó el caso y negó la petición por considerar que las acusaciones en su contra eran por delitos comunes.
A mediados de noviembre el Poder Judicial de Perú emitió una orden de cierre de fronteras contra Alan García, investigado por presuntos hechos de corrupción durante su segundo mandato, del 2006 al 2011.
El 17 de ese mes, sábado a la noche, García fue hasta la residencia del embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros y pidió hablar con el presidente Vázquez y con el Canciller Nin.
Al día siguiente hizo las llamadas telefónicas y explicó su situación. Pedía asilo porque aseguraba que era perseguido por razones políticas.
Por 15 días, la residencia diplomática fue su casa, técnicamente un refugio, mientras el gobierno uruguayo analizó un expediente de más de mil hojas con los antecedentes del caso que envió el presidente peruano.
El 3 de diciembre tras el Consejo de Ministros, el presidente Vázquez y el canciller Nin dieron una conferencia de prensa explicando la decisión tomada. "El gobierno considera que las investigaciones no constituyen persecución política, se trata de imputaciones a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de Perú. En consecuencia se instruyó al embajador de Uruguay a que invite a Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática", expresó el canciller Nin Novoa entonces.
"Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo no concedemos el asilo político a Alan García", sentenció Vázquez en noviembre.
Tras la resolución de presidencia García abandonó la embajada y cambió su discurso: dijo que no había persecución política en su país y que se sometería a la justicia, aunque siempre dijo que era inocente y que no habían pruebas en su contra.
Las investigaciones siguieron y llegaron a un mandato de detención que no se pudo cumplir este miércoles porque García se quitó la vida.
