Para el senador frenteamplista Charles Carrera la reforma da un mayor respaldo legal a la actuación policial, además de establecer prisión preventiva obligatoria para reincidentes y reiterantes de delitos gravísimos.
"Lo importante es que se deja negro sobre blanco cuáles son las fases de actuación policial. Es decir, qué es lo que puede hacer la Policía sin solicitar indicaciones al fiscal. Debe prevenir, disuadir y excepcionalmente reprimir el delito. Le dimos instrucciones de política criminal a los operadores judiciales, les decimos que en ciertas situaciones que son en aquellos casos de delitos graves y que son reincidentes y reiterantes el fiscal debe solicitar obligatoriamente la prisión preventiva como medida cautelar", dijo Charles Carrera.
"Una medida muy importante y que destaco de sobremanera es lo que tiene que ver con las medidas para mejor proveer. Es decir, a nosotros lo que nos tiene que preocupar es la búsqueda de la verdad material, que en nuestra sociedad se haga justicia y se le faculta al juez que en aquellos casos donde existen algunas carencias en el desarrollo de la prueba, se solicita que pueda realizarlas de oficio para que se logre la justicia", agregó Carrera.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, que concurrió a la Comisión de Constitución en Diputados dijo que no está de acuerdo con la medida. "Señalamos nuestra oposición a la aprobación de las diligencias para mejor proveer, que nosotros hemos llamado las diligencias para mejor condenar. En el proceso penal está claro que cuando el juez tiene dudas lo que tiene que hacer es absolver y no diligenciar pruebas", dijo Díaz.
Los legisladores que votaron los cambios afirman que este punto es un reaseguro para los jueces. "Situaciones como las que vivimos en San Luis no pueden volver a pasar, donde por errores en el desarrollo de la tarea de la Fiscalía se dejó en libertad a un delincuente que luego volvió a cometer un delito", sentenció Carrera.
Para el fiscal Díaz no se puede legislar por casos concretos. "Si nos ponemos a legislar por casos concretos, seguramente vamos a tener una legislación muy contradictoria. No solo nosotros, lo sostiene toda la doctrina procesal, que en un proceso acusatorio las medidas para mejor proveer son un contrasentido. Nosotros esperamos que así como ocurre con el Código General del Proceso en materia civil sean una cuestión excepcional, y que se apliquen nunca o casi nunca", finalizó Díaz.
