El Frente Amplio impulsa un proyecto de ley que busca combatir la corrupción dentro del Estado

Establece limitaciones y controles sobre los gastos de funcionarios públicos, los regalos que reciben y la forma en que se vinculan con el Estado.

El proyecto está en comisión de constitución y legislación del Senado. La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo al diario El País que el sentido de la iniciativa, que lleva la firma de los 16 senadores del Frente Amplio es que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.

Abarca también a las empresas con paquete accionario público que se rigen por el derecho privado. Establece que es un hecho de corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un beneficio económico para sí o para otro, se haya causado o no daño al estado. Se deberá rotar a funcionarios encargados de la compra de bienes y servicios.

No podrán contratar con el organismo al que pertenecen o mantener vínculos con empresas que presenten ofertas. Se prohíbe a los empleados públicos recibir regalos, excepto las “atenciones de entidad razonable” que de acuerdo a los usos y costumbres se reciben en las fiestas tradicionales.

El proyecto penaliza el mal uso de viáticos o el uso de tarjetas corporativas en beneficio propio. Todos, incluidos los legisladores, deberán rendir cuentas. No podrá hacerse colectas y no podrá haber familiares directos en la misma oficina.

El oficialismo prevé agregar al proyecto una iniciativa del senador Pedro Bordaberry que establece la figura del enriquecimiento ilícito y otra de Pablo Mieres sobre recursos para los fiscales. La comisión definió el proyecto del Frente Amplio como prioritario.


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