El ente afirmó que esto permitirá regularizar la situación de los trabajadores y también mejorar el servicio a los usuarios.
En los años 90 el gobierno habilitó la participación de privados en los servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, a Aguas de la Costa y URAGUA.
En 2004, a través de un plebiscito se hizo una reforma constitucional que estableció que este tipo de servicios debían ser provistos por el Estado.
Para la estatización de servicios se recurrió a algo intermedio y se creó la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) que está dentro de la estructura funcional de OSE, pero bajo un régimen de gestión privada.
Pero ahora el Gobierno quiere seguir adelante con la estatización porque además, en febrero de 2019 finaliza la concesión de Aguas de la Costa, la empresa que tiene la concesión al este del arroyo Maldonado y esos servicios deberían incluirse en la UGD pero eso distorsionaría aún más el funcionamiento, según el presidente de OSE.
