La suspensión es hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronuncie.
A principios de agosto el presidente Vázquez decretó el empaquetado genérico de los cigarrillos a partir de febrero de 2019. Las cajillas deberán ser marrones sin distintivos de marca y con un 80 % de la superficie del paquete con advertencias sanitarias.
El presidente hizo el decreto por la demora del Parlamento en tratar un proyecto de ley que el Ejecutivo envió en 2017 para aplicar esta norma.
La British American Tobacco interpuso un recurso de amparo por entender que no le da el plazo para cumplir la norma y por consiguiente la empresa debería retirarse del mercado.
Además dice que en el proyecto de ley el Ejecutivo daba plazo de un año para aplicar los cambios mientras que en el decreto son 6 meses.
También argumenta que los derechos fundamentales como la propiedad y la libertad de comercio solo pueden limitarse por ley y no por decreto.
El Ejecutivo ya respondió en audiencia que el decreto no es ilegítimo porque está amparado en la ley de control del tabaquismo y en el convenio marco de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Como no hubo conciliación ni respuesta al acto administrativo que presentó la empresa, interpuso el recurso de amparo al que dio lugar el juez Eguren, quien en su fallo dice hay un actuar manifiestamente ilegítimo del Poder Ejecutivo.
El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, aseguró a TNU que el Gobierno apelará el fallo.
