La investigación deja en evidencia falta de controles en el manejo de fondos y pagos de sobreprecios. El Ministerio de Defensa analiza abrir una investigación.
El hallazgo de quince irregularidades en el funcionamiento de Cantinas Militares, el servicio de compra de bienes de primera necesidad para funcionarios del Ejército Militar, podría abrir una investigación administrativa que abarque la gestión del ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, como del actual Gerardo Fregossi.
La auditoría realizada a esta unidad militar abarca el período de enero de 2019 en adelante, y de hecho, algunas situaciones de apariencia irregular se cometieron durante 2020.
Por ejemplo, la compra de equipamiento por 137 mil pesos a una empresa que no podía contratar con el Estado por tener vencido el certificado de DGI y BPS. O una licitación que se realizó en agosto de 2020 a una empresa que ofertó por hacer el trabajo por poco más de 370 mil pesos y que terminó costando casi 1 millón de pesos.
Una de las irregularidades consideradas de riesgo extremo refiere al manejo de fondos y la falta de rendiciones de cuentas.
Allí se menciona que en 2017 Cantinas Militares envío 200 mil dólares en efectivo al Comando General del Ejército sobre la que no hay documentación que respalde que esos fondos hayan ingresado a una cuenta bancaria del Estado.
En 2017 el responsable del Comando General del Ejército era Guido Manini Ríos, al tiempo que Fregossi, actual comandante en jefe, se desempeñaba como comandante de Apoyo Logístico del Ejército, el área que tiene a su cargo el funcionamiento de Cantinas Militares.
La auditoria refiere también a ausencias de control de stock de productos en general, y de medicamentos en particular, los cuales eran comercializados sin fiscalizar cuantas unidades se vendían a cada beneficiario. Algunos de ellos compraron cientos de medicamentos en períodos de tres meses que se cree que pudieron haber sido adquiridos para su reventa.
También se señala que la venta de medicamentos no cuenta con autorización y que se compran fármacos a laboratorios a precios superiores que los establecidos en la unidad centralizada de adquisiciones del Estado.
Otros problemas refieren a juicios laborales iniciados contra la unidad por personal civil que trabajaba en forma irregular, algunos de los cuales ya cuentan con sentencias que obligarán al Estado uruguayo a pagar 2 millones de pesos a los afectados.
