Está siendo analizado por varios ministerios, sindicatos y organizaciones sociales antes de ser enviado al Parlamento.
Productos vendidos en envases no retornables, bandejas de materiales descartables para alimentos, films plásticos para embalaje, vasos descartables y bolsas plásticas cambiarían su régimen tributario.
El proyecto incorpora un impuesto específico interno, IMESI, según una tasa fijada por el Poder Ejecutivo, que varía según el tipo de material del envase, la factibilidad de ser reciclado y el impacto ambiental de su disposición final como residuo.
Con respecto a los importadores y fabricantes de productos a la venta en envases no retornables, se plantea que deberán minimizar el volumen y el peso de los mismos. Incluso faculta al Poder Ejecutivo para restringir o prohibir el uso de ciertos materiales como envases o embalajes. Se busca que los productos sean de materiales que propicien su reutilización o reciclado o de lo contrario ser biodegradables.
El dinero se recauda para un fondo de gestión de residuos que financie sistemas de recolección, clasificación, transporte de los mismos y asistir financieramente al fondo de valorización de residuos, que también buscará promover la investigación y el desarrollo tecnológico para obtener energía y nuevos productos a partir de residuos.
También crea un impuesto que grava a los generadores de residuos que utilicen la disposición final, sean públicos o privados, cuya tasa podría alcanzar el 18 % y la DGI sería el ente acreedor de dicho impuesto. Quedan exentos los residuos domiciliarios, los ordenados por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o los cuerpos de animales muertos.
Con estas medidas se busca disminuir la generación de residuos y la inclusión social de los clasificadores. Para ellos se estimulará a empresas privadas y los organismos públicos deberán priorizar la contratación de clasificadores organizados.
