Por primera vez se auditará el uso del sistema desde que comenzó a usarse en el 2015. Un problema burocrático del Ministerio hizo que hasta ahora la información no fuera compartida entre los poderes del Estado.
El ministro del Interior y el Director Nacional de Policía se reunieron con las autoridades de la Suprema Corte para terminar con el cruce de versiones sobre por qué hasta ahora la justicia no tiene información sobre cómo se ha utilizado el sistema.
"Cuando declaré cometí un error porque la Suprema Corte había solicitado pero por la vía administrativa. Nunca llegó ni al Director de la Policía. Como el director que lo recibió lo envía al director de Unatec y él tampoco estaba porque estaba de licencia, nunca se concretó. En el correr de la semana se envía, el problema está en el control", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
"Por problemas burocráticos internos, según se nos ha dicho, no se tuvo presente o se perdió la constancia", dijo Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio del Interior remitirá esta semana los datos que tiene sobre las interceptaciones hechas y el 25 habrá una reunión con las empresas telefónicas para obtener más información.
Bonomi deberá ir por el tema este martes al Senado. El ministro defendió la transparencia del sistema. "No hay interceptación posible si no es autorizada por un juez. Esto ya lo hemos explicado en su momento, ahora se pone en duda por quienes siembran ese problema, que no es un problema real", sentenció Bonomi.
El sistema se usa desde hace 4 años y si bien estaba previsto un sistema de auditorías y controles nunca se pudo cumplir hasta ahora. "Nuestros técnicos no han podido ver el funcionamiento de El Guardián", estableció Chediak.
En el país hay unos 100 jueces penales que son los que pueden ordenar el uso del sistema.
