El Parlamento aprobó una ley que obliga a rehabilitar viviendas abandonadas

En caso de incumplimiento podrán ser vendidas al Estado o a particulares.

Los inmuebles que al menos por dos años estén vacíos en situación de ruina, que tengan una obra en construcción paralizada o sean un terreno baldío deberán ser rehabilitados. La ley también incluye a los que son ocupados de forma precaria por personas que no son dueñas y tampoco firmaron un contrato.

Si una inspección constata algunas de estas condiciones y el inmueble está ubicado en una zona urbana consolidada podrá ser rematado por acción judicial.

Primero, el propitario tendrá un plazo de 20 días para presentar un proyecto de rehabilitación y un año para aplicarlo. En el caso de que esto no ocurra, se procederá a la venta judicial. En el remate podrán ser adquiridos por particulares o por el Estado, quien tendrá la preferencia.

El objetivo de la ley que fue remitida por el Poder Ejecutivo es darle a las viviendas un uso social. Parte de la premisa de que el abandono de un inmueble por lo general produce un impacto  negativo en materia de seguridad, salubridad y habitabilidad que afecta también a las edificaciones linderas.

La iniciativa respondió a la "creciente y extendida preocupación en la sociedad acerca del alto número de inmuebles situados en áreas urbanas consolidadas, que cuentan con acceso a las redes de infraestructura y todos los servicios, que se encuentran visiblemente vacíos, sin uso o degradados".


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