Así lo definieron los legisladores de la coalición, basándose en un informe del departamento de jurídica del Parlamento y luego de discutir sobre dos interpretaciones distintas, una de las cuales indicaba que el plazo comenzaría el 5 de mayo.
En el oficialismo rechazan que los plazos acotados degraden el proceso de debate, recuerdan que el texto del proyecto se conoce hace varias semanas y explican que la interpretación del plazo busca evitar eventuales recursos de inconstitucionalidad.
"La decisión política que hemos adoptado nosotros es constituir cuanto antes la comisión que va a estudiar el proyecto de ley para dar las más amplias garantías a todos los partidos políticos, especialmente al Frente Amplio, de poder trabajar con comodidad, convocar a todos los actores que quieran convocar para escuchar su opinión. Y de esa manera dar las garantías de un trabajo legislativo lo más normal que se pueda", expresó el nacionalista Gustavo Penadés.
Por su parte, el colorado Ope Pasquet expresó: "Sabemos que hay distintas opiniones en la materia. Esto se discutió ya en el año 1986, hubo un debate muy interesante sobre este tema. Y acordamos seguir la opinión que en esa oportunidad expresaron Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre".
Desde el Partido Independiente, Iván Posadas dijo: "El literal D hace referencia de la cámara que reciba, y a partir de allí cuenta los 45 días. EL literal H habla de cuando reciba el Poder Legislativo. Obviamente son cosas distintas. Se puede establecer a los efectos de la actuación práctica guiarse por el criterio más restrictivo, pero desde el punto de vista de las garantías yo creo que lo que está establecido en el literal D es lo que genera mayores garantías para el fuincionamiento del Poder Legislativo"
Charles Carrera aseguró que con el oficialismo habían acordado que el plazo constitucional para tratar el proyecto comenzaría el 5 de mayo.
Para el Frente Amplio este proyecto de ley de urgente consideración es inconstitucional, antidemocrático e inoportuno:
"Hoy estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, una situación muy grave para miles y miles de uruguayos y creemos que esas son las urgencias que el Poder Ejecutivo debería tener sobre la mesa. De los 502 artículos de la ley de urgente consideración no hay ninguna norma que refiera a esa situación grave que hoy está viviendo nuestro pueblo", dijo Charles Carrera.
Cuestionan también que en plazos acotados deberán discutir cambios estructurales a políticas públicas diversas. Por eso piden garantías para que la Comisión especial que analizará el proyecto cite a todas las personas y organizaciones sociales afectadas, además de lamentar la confirmación de los nuevos plazos.
"A mí lo que me molesta es que si esta semana todos reunidos llegamos a la conclusión de que era el 5 de mayo, tenemos que tener palabras y hacernos responsables de la situación. Me molesta que me manden un Whatsapp diciéndome que cambian las reglas del juego. Nosotros no tenemos garantías de nada, acá hay un avasallamiento de los usos y costumbres de la política uruguaya que son muy graves", sentenció Carrera.
