El intendente Daniel Martínez quiso hacer lo mismo pero se le impidió.
El artículo 302 de la Constitución señala que “todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales”.
La discusión está puesta en si también deben pagarse las obligaciones a largo plazo. Por ejemplo, el intendente de colonia dijo al observador que no tiene sentido aplicar el superávit a cancelar deudas que no están vencidas y quedarse sin plata para inversiones
“Estoy cumpliendo con las obligaciones a mediano y largo plazo y cancelé los proveedores. Que además era exigible lo que podía hacer que me iniciaran juicios para lograr el cobro de eso. Tengo previsto en el presupuesto quinquenal la cancelación total del déficit acumulado. He cumplido cabalmente con el mandato de la Constitución. Y además estamos haciendo inversiones que es lo que la gente demanda”, afirmó el intendente de Colonia Carlos Moreira.
Moreira asumió la intendencia con un déficit de $700 millones y tiene previsto cancelarlo en el presupuesto.
Por otra parte, la Intendencia de Río Negro también tiene déficit. En este caso de $200 millones. El intendente contó que también prevé invertir su superávit de 2016 en obras.
“Sin dudas que el superávit es el reflejo de que la administración se está haciendo bien. Todo el superávit debe devolverse en obras, equipamientos, mejores servicios”, opinó el intendente de Río Negro Óscar Terzaghi.
La Intendencia de Canelones vuelca su superávit en obras y su intendente, Yamandú Orsi, sostiene que trabajan bien y que nunca cometieron una irregularidad.
A veces el superávit es mayor que la cuota. Las tareas que tiene que hacer un gobierno departamental son tantas que la plata no sobra. El déficit en infraestructura que tiene todo el departamento nos obliga a destinar cada peso”, dijo el intendente de Canelones Yamandú Orsi.
El diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, objetó la conducta del intendente de Montevideo Daniel Martínez y dijo que los ediles podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad si el intendente no desiste en su intención.
