Se hace hincapié en la falta de controles y en la no cobertura del presupuesto propio.
Además, el informe aconseja revisar el plan de funcionamiento del organismo pues tiene ya dos décadas de actividad.
Otro de los organismos investigados fue la Unidad Centralizada de Adquisiciones, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Allí se resalta la compra de alimentos y medicamentos sin controlar si el costo es el más adecuado, ni tampoco las cantidades entregadas por los proveedores.
El estudio establece que los organismos públicos compran más por fuera que por dentro de la unidad.
El informe deja claro que se gastó 1.200.000 dólares en un sistema informático que no sirvió y que no se usa.
La auditoría también se centró en la Oficina de Migraciones poniendo el foco en la zona de Quaraí, Artigas. Allí dan cuenta de controles migratorios y judiciales con fallas extremas.
No se controla quién ingresa, ni cuánto tiempo está en el país.
Advierten además que por esta política pueden entrar o salir personas que tienen impedido el paso por la frontera por problemas judiciales y además pueden permanecer en territorio nacional sin que haya ningún tipo de control.
