FA dio detalles de interpelación por acuerdo con Katoen Natie y presentó sentencia que prueba "la flagrante ilegitimidad cometida"

El eje de la conferencia fue la sentencia 330 de 2008 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le dio la razón al Estado y desestimó el pedido de Katoen Natie. 

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) convocó este miércoles a una conferencia de prensa para explicar los detalles de la interpelación al exministro de Transporte Luis Alberto Heber por el acuerdo de Uruguay con Katoen Natie, que se desarrollará el 18 de agosto en la Cámara Alta.

"Este es un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente", planteó el senador Charles Carrera, que será el miembro interpelante. El acuerdo firmado por la administración de Luis Lacalle Pou con la empresa belga extiende hasta 2081, por 50 años, la concesión de la terminal especializada del Puerto de Montevideo.

La oposición entiende que en los hechos se concreta un "monopolio" sin sustento jurídico, ya que la Constitución exige mayorías especiales en el Parlamento para autorizarlos. La bancada también considera que se incumplen varias leyes, como la de Puertos, la de concesión de la propia terminal en 2001 y la de Promoción y Defensa de la Competencia.

Sin embargo, el eje de la conferencia fue la sentencia 330 de 2008 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dictada el 24 de julio de ese año. El caso se remonta a 2002, cuando el presidente era el colorado Jorge Batlle. El máximo órgano contencioso le dio la razón al Estado y desestimó el pedido de Katoen Natie.

La empresa belga solicitó la nulidad del acto que convocó a la Licitación Pública Internacional Nº 1/2003, destinada a otorgar la explotación integral de una terminal polivalente en régimen de concesión en el Puerto de Montevideo. El Frente Amplia recordó que la compañía hizo este planteo "sosteniendo que la ilegitimidad, 'estaría configurada por vulnerar lo establecido en el Plan Maestro' que preveía que hasta 2015 solo existiera una Terminal de Contenedores con Grúas Pórtico en el Puerto de Montevideo hasta el año 2015".  Esto coludía con lo dispuesto en otras normas, por lo que para la empresa se estaba cambiando el marco regulatorio.

Sin embargo, el TCA sentenció que “el citado Plan Maestro no puede ser invocado como norma reguladora de la situación portuaria, desde que no constituye una norma jurídica pasible de ser violentada imprimiéndole ilegalidad a los actos administrativos y no consagra ningún derecho exclusivo para el titular de la concesión de la Terminal de Contenedores”.

Según el FA, el TCA recomendó en esta caso la existencia de diferentes “terminales”, incluyendo una terminal polivalente que incluía el tráfico de contenedores, y descartó "la pretendida e injustificada situación de exclusividad en la prestación de estos servicios".

Además la oposición recordó que la sentencia unánime del TCA indicaba que “la posición de la actora" sobre cómo debía ser la competencia entre las empresas que operaran en el Puerto no se desprendía "de la normativa que regula la situación". Por último, el órgano dictaminó en 2008 que si se atendiera la posición de la empresa "se estaría consagrando un monopolio, sin norma legal que así lo estableciera".

Por lo tanto, el FA entiende que "se trata de una situación laudada en forma clara y precisa por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano constitucional con competencia exclusiva para anular actos administrativos ilegítimos".

Con estos documentos se confirma "la flagrante ilegitimidad cometida por el Poder Ejecutivo al aprobar el acuerdo con la empresa belga, motivado en un presunto juicio, del cual el TCA hace mucho tiempo había descartado sus fundamentos", según la oposición.

"Es un acuerdo que es muy negativo para los intereses nacionales porque afecta a toda la cadena económica. Afecta el comercio exterior, a los exportadores, pero también afecta la importación y al comercio interior. Nos afectará a cada uno de nosotros cuando vayamos a comprar un producto, un comestible, la vestimenta, algún electrodoméstico", advirtió Carrera.

Por ejemplo, el senador planteó que el acuerdo firmado con Katoen Natie autoriza que la empresa fije tarifas cuyo sobrecosto será costeado por la ciudadanía.


Las Más Vistas