La acción se concretó tras la participación de un mediador del Ministerio del Interior.
Son 34 familias que ocuparon el predio hace un mes. Afirman que el terreno, que fue traspasado de la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Vivienda, está así hace 25 años y que se utiliza para tirar autos y motos robadas y otros delitos.
Habían resuelto resistir pacíficamente el desalojo. Estaba la Republicana pero resolvieron irse tras la intervención del mediador. Les dijo que estaban cometiendo un delito y que los jefes de familia tienen que ir a declarar a la Fiscalía.
Johnatan Soria, vocero de los ocupantes, dijo: "Costó mucho tomar la decisión, porque hay gente que se va de acá y no tiene nada. Entonces se hizo entender a las personas que si nos quedábamos era seguro que íbamos a prisión. Todavía no tenemos solución habitacional, pero el negociador dijo que ellos hacen el trabajo de desalojo pero que no tienen novedades si nos darán solución o no".
Después de declarar ante la Fiscalía prevén volver al Ministerio de Vivienda. Afirman que la única solución que les propusieron durante la ocupación demoraría unos ocho meses en concretarse.
