Este impuesto tendrá tasas progresionales: de $120.001 a $ 130.000 será de 5%, de $130.001 a $150.000 de 10%, de $150.001 a $180.000 de 15%, y de 180.001 en adelante de 20%.
El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que gravará los salarios de los funcionarios públicos y jubilados con remuneraciones nominales por encima de los $120.000. Esto regirá, en principio, para los sueldos y jubilaciones de mayo y junio. Según el texto, se busca "atender a aquellos sectores más afectados por la interrupción de sus actividades" a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
De esta manera, los senadores aprobaron la creación del "Impuesto Emergencia Sanitaria 2", además de un adicional mensual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que pagan las pasividades. Se gravarán jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales y prestaciones de pasividad similares de instituciones públicas, paraestatales y privadas.
Quedó por fuera del pago de este impuesto el personal de la salud que trabaja directa o indirectamente en la asistencia de pacientes, dada su exposición al contagio del coronavirus.
Este impuesto tendrá tasas progresionales: de $120.001 a $ 130.000 será de 5%, de $130.001 a $150.000 de 10%, de $150.001 a $180.000 de 15%, y de 180.001 en adelante de 20%. Estas tasas se aplicarán tanto a remuneraciones como jubilaciones.
Lo recaudado será volcado al Fondo Solidario Covid-19, que el gobierno creó por ley en abril de 2020.
Se espera que Diputados vote el proyecto más tarde este miércoles.
El proyecto de ley explica por qué se decidió no gravar los ingresos de los trabajadores del sector privado. Indica que "el funcionario público no corre riesgo de ver afectada su seguridad laboral e ingresos", mientras que el trabajador privado enfrenta "el riesgo permanente" de ver afectados sus "ingresos por razones de salud o disminución de la actividad económica".
En marzo del año pasado, tras la aparición de los primeros casos de coronavirus en el país, el gobierno anunció que aplicaría un impuesto a los sueldos del Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal y entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria. En ese momento también se introdujo un adicional al IASS. En ambos casos se gravó los ingresos que superaran los $120.000 nominales.
