Para el integrante del Tribunal de Cuentas se debe ir hacia la eliminación de estas tarjetas.
Gallinal indicó que debe existir "la obligación de presentar una factura que acredite cuál fue el gasto que se realizó con la tarjeta y que ese gasto está de acuerdo y se adecua a lo que se establece en la reglamentación. Si no se cumple con ninguno de estos condicionantes entonces el gasto es ilegal, y en ese caso se dará cuenta a la Justicia para que esta disponga lo que corresponda".
"Cuando un funcionario público incurre en un uso de dinero público que se aparta de lo establecido por la ley y la Sonstitución, el Estado tiene derecho a accionar contra esa persona para exigirle judicialmente la devolución de los dineros correspondientes", estableció.
El miembro del Tribunal de Cuentas dijo que las tarjetas corporativas deben ser eliminadas: "A mí me parece que es un primer gran paso pero que el paso definitivo es prohibir la tarjeta corporativa a nivel público".
