En todos los casos, los riesgos deben ser indicados por un médico y las personas pueden ser llevadas a "centros de salud, refugios u otros lugares para ser adecuadamente asistidas".
El gobierno reglamentó en las últimas horas la internación aún sin consentimiento de las personas en situación de calle con el fin de “proteger la salud y la vida".
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este jueves que se aprobó el decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley 18.787 por el que se activa el Protocolo de Actuación para la “Prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”.
El protocolo fue acordado entre el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
La mencionada ley faculta al Estado “a brindar asistencia a personas que se encuentren a la intemperie, cuando existe riesgo de graves enfermedades o de muerte, aun sin su consentimiento, sin que implique privación correccional de su libertad”, asegura la comunicación de la cartera.
Entrevistado por Telemundo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema explicó cómo será el mecanismo cuando los equipos del ministerio se encuentren con una persona “con apariencia de enfermedad grave o riesgo de muerte”: “Desde el Mides se comunican con ASSE, y un médico hace un certificado donde se detalle el el riesgo de muerte y disponer el tratamiento para esa situación. El tratamiento puede ser la asistencia en el lugar, un traslado a un centro de salud o el traslado a un refugio".
Consultado sobre las personas que se nieguen a ser trasladadas, Lema dijo que sí está el certificado médico firmado, “el Ministerio del Interior colaborará para salvarle la vida”. “Muchas veces esa persona se encuentra bajo efectos de adicciones o con problemas de salud mental y la voluntad claramente se ve nublada”, aseguró.
