Para Gianoli, la contratación de Bureau Veritas es “una excusa”, mientras que la verdadera preocupación del Ejecutivo sería rescindir el contrato, una decisión que calificó como “política” desde el primer día.
El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, cuestionó al gobierno por lo que consideró una serie de contradicciones en torno al proceso de construcción de las patrullas oceánicas (OPV) y la eventual rescisión del contrato con la empresa Cardama.
En entrevista con Telemundo, Gianoli sostuvo que el Ejecutivo ha manejado versiones cambiantes y recordó que, según información difundida por la prensa, se estaría evaluando rescindir el contrato por presuntos incumplimientos de la empresa. Al respecto, afirmó que “seguramente se rescinda el contrato producto del incumplimiento de la empresa Cardama”, aunque advirtió que ese incumplimiento, a su juicio, fue provocado por las propias autoridades.
El legislador recordó que hace dos meses integrantes del gobierno hablaron de “fraude” y “estafa”, y se preguntó qué proveedor puede confiar en un contexto de ese tipo. En ese sentido, expresó que existe “una gran contradicción del gobierno”, que —según dijo— termina demostrando desinterés por la construcción de las OPV. Para Gianoli, la contratación de Bureau Veritas es “una excusa”, mientras que la verdadera preocupación del Ejecutivo sería rescindir el contrato, una decisión que calificó como “política” desde el primer día. “Desde el día uno está la voluntad manifiesta del Frente Amplio de que no se construyan las OPV”, sostuvo.
Asimismo, el diputado afirmó que no ha habido incumplimientos por parte de Cardama y pidió que se le consulte a la ministra Sandra Lazo sobre ese punto. “Yo pediría a la prensa que le pregunte a la ministra qué incumplimiento ha habido hasta el momento”, señaló, al tiempo que aseguró que no se ha demostrado “un solo incumplimiento” más allá del tema de la garantía, que reconoció como delicado y pendiente de resolución.
Gianoli también advirtió que la situación podría exponer al país a eventuales juicios internacionales. Dijo estar “convencido” de ese escenario y argumentó que, de lo contrario, no se habría demorado tanto la definición. Recordó que ya pasaron casi dos meses desde que se habló de rescindir el contrato por fraude y estafa, sin que esos extremos hayan sido probados ni se haya concretado la rescisión.
Finalmente, subrayó que el contrato continúa vigente y que las patrullas siguen sin definiciones claras. Señaló que del otro lado hay empresas internacionales involucradas y lamentó que Uruguay enfrente “la indefinición de este gobierno”, concluyó.