El Poder Ejecutivo pretendía que el su proyecto de ley para la Caja de Profesionales se votara antes del 30 de junio, pero la oposición solicitó en varias oportunidades cuartos intermedios durante las sesiones del Senado para continuar negociando la incorporación de cambios a la fórmula original.
Este miércoles hubo humo blanco en el Parlamento: el Senado de la República alcanzó una fórmula de consenso para el salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios, luego de semanas de negociaciones entre oficialismo y oposición.
El proyecto de ley, que por estas horas está siendo votado en la Cámara de Senadores, implica que el Estado, a través de Rentas Generales, se hará cargo, aproximadamente, de la mitad de los aportes necesarios. El monto se está "terminando de afinar", indicó el coordinador de la bancada frenteamplista, Daniel Caggiani, en rueda de prensa.
Tal como quería el gobierno, los activos y pasivos profesionales aportarán al salvataje.
En el caso de los activos, "habrá un aporte progresivo del 18,5% (actual) al 22,5% en un tiempo prudencial", aumentando dos puntos porcentuales en 2026 y un punto en 2027 y 2028. El 22,5% era el porcentaje que propuso en primera instancia el Ejecutivo.
Con respecto a los jubilados, se establecerá una contribución en base a tres franjas de acuerdo a los ingresos.
Quienes cobran hasta $39.456 no aportarán. Los que perciban entre $39.456 y $65.760 aportarán un 2%. Aquellos que cobren más que eso, tendrán una tasa de 5%
El aporte de Rentas Generales, en tanto, será para cubrir el déficit estructural de la Caja. Rondará -en primera instancia- los US$ 60 millones.
El Poder Ejecutivo pretendía que su proyecto de ley para la Caja de Profesionales se votara antes del 30 de junio, pero la oposición solicitó en varias oportunidades cuartos intermedios durante las sesiones del Senado para continuar negociando la incorporación de cambios a la fórmula original.
A mediados de junio el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió con la bancada de la oposición. Mientras que desde el gobierno nacional se defendía que la iniciativa del Ejecutivo era “equilibrada”, desde la oposición se decía que debía evitarse que “la mayor responsabilidad” recayera sobre los activos.
El proyecto inicial, redactado por el Ejecutivo, establecía un aumento de cuatro puntos porcentuales en el aporte de los profesionales activos, la creación de una retención a las jubilaciones y el aporte de $110 millones de parte del Estado por mes.
Diputados, con mayoría de la oposición, aprobó un proyecto que pasaba toda la carga del financiamiento al Estado. En el Senado, con mayoría del Frente Amplio, esta iniciativa no prosperó y se negoció una nueva fórmula.
Ante la grave crisis financiera de la Caja de Profesionales, el directorio del organismo resolvió que las jubilaciones correspondientes al mes de julio se abonarían en dos partes.