El organismo entendió que se atentó contra la libertad de expresión y que prácticamente se consumó represalia.
El colono Gabriel Arrieta increpó en enero al presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería. Lo llamó “mentiroso”. Un día después, la página web de Presidencia publicó que el colono estaba ocupando tierras en San José, que era deudor y que tenía un litigio abierto con el estado.
La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo concluyó que Presidencia hizo una divulgación inapropiada con el objetivo de generar opinión pública sobre un ciudadano en particular. Consideró que este tipo de acciones tiene un impacto inhibitorio sobre la libertad de expresión.
El organismo recomendó a Presidencia sustituir la información del colono por la resolución de la institución, pero la web del Gobierno hasta el momento solo había quitado los datos de Arrieta. Presidencia contestó al organismo que no incurrió en error porque la información era de carácter público.
La institución sigue con atención la filtración que realizaron funcionarios del Estado de los datos de Gustavo Castellini, el padre que acudió con su hijo de cinco años a una dependencia del mides, donde no pudieron refugiarse.
