Una investigación administrativa concluyó que la compra al astillero español fue una “decisión política”.
"Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato". Así se expresó la ministra de Defensa, Sandra Lazo, durante la interpelación de este miércoles por caso del astillero español Cardama encargado de la construir dos patrullas oceánicas.
El gobierno constató irregularidades en una de las garantías que posibilitaron la firma del contrato con Cardama durante la pasada administración. Esta situación derivó en una interpelación a la secretaria de Estado.
El miembro interpelante es el senador nacionalista Javier García, ministro de Defensa cuando se firmó el contrato con el astillero español. García insistió en saber qué pasaba con el contrato.
"La respuesta más importante es la número 1: ¿van a rescindir el contrato si o no? ¿Cuál es la línea a recorrer?", cuestionó el senador.
Ante esta pregunta, tomó nuevamente la palabra la ministra. "Respondiendo a la pregunta insistente. En la vida como en las respuestas hay situaciones complejas que no son en blanco y negro. Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato porque es un proceso complejo", manifestó Lazo.
La ministra resolvió en abril hacer una investigación administrativa por la compra de las dos patrullas. La Oficina Nacional de Servicio Civil entregó un informe con conclusiones. El documento de este texto, informado por La Diaria, señala que fue García quien llevó la propuesta del astillero Cardama al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson.
"Se verificó que la decisión política de adjudicar no se acompañó de una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, los cuales debieron considerarse imprescindibles en una contratación directa de excepción", señala el texto de Servicio Civil.
Según la investigación administrativa hubo durante este proceso “decisiones anticipadas o condicionadas” en lugar de una “completa evaluación técnica y económica del resto de los oferentes”.